El Gobierno regional denunció este lunes la negativa del Ejecutivo central de fijar una fecha para la celebración de la Conferencia de Presidentes, tal y como ha exigido el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en la reunión del Comité Preparatorio celebrada en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El encuentro se ha producido después de que varias comunidades autónomas, entre ellas, la Región de Murcia, presentaran un recurso ante el Tribunal Supremo para “obligar al Gobierno de España a tratar los temas que interesan y preocupan a los españoles”.
Ortuño criticó que la sesión, que ha contado con la presencia del ministro, Ángel Víctor Torres, y los consejeros de las comunidades autónomas, terminara sin una convocatoria formal. Esta actitud puede ser “una treta de Pedro Sánchez para justificar que quiere convocar la Conferencia de Presidentes, aunque realmente no tenga voluntad de hacerlo”, advirtió.
A su juicio, se ha tratado de una “maniobra de distracción para evitar que el Tribunal Supremo les obligue a convocar la Conferencia de Presidentes”, que no se reúne desde hace tres años.
El consejero de Presidencia manifestó su “decepción por salir de la reunión con un orden del día pero no con fecha” y explicó que habían conseguido incorporar asuntos prioritarios en la agenda de la Conferencia de Presidentes. Estos temas son la financiación autonómica, inmigración y vivienda.
Desigualdad
Sobre el primero de ellos, Ortuño subrayó que “cuando hablamos de financiación autonómica, nos referimos a los recursos necesarios para atender la sanidad, la educación o las políticas sociales, porque son fondos necesarios para hacer frente al día a día de los ciudadanos”.
Por eso, reclamó la “reforma urgente” del sistema de financiación autonómica para que la Región de Murcia “deje de ser la comunidad peor financiada, así como la aprobación inmediata de un fondo transitorio de nivelación dotado con 2.340 millones de euros”.
La situación actual genera “desigualdad” y hace que “los ciudadanos de la Región sean ciudadanos de segunda”. Una situación que se agrava más con la financiación singular que el Gobierno de España quiere otorgar a Cataluña, puesto que “ese cupo catalán romperá los principios de igualdad y solidaridad y provocará que el resto de españoles tengamos menos recursos”.
Solidaridad de todas las comunidades
En cuanto a la inmigración irregular, Ortuño subrayó que “al Gobierno de la Región de Murcia le preocupa el drama humanitario. Somos solidarios, pero también pedimos esa solidaridad al resto de comunidades autónomas y al Gobierno de España que asuma sus competencias y su responsabilidad”.
Para ello, la Región de Murcia reclama al Ejecutivo central que actúe en los países de origen e implique a la Unión Europea, proporcione los recursos imprescindibles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y hable con las comunidades “porque si somos parte de la solución debe escucharnos”.
Marcos Ortuño informó de que la Región ha acogido este año a 384 menores no acompañados, que supone un gasto de 11 millones de euros, mientras que el Gobierno de España aporta 800.000 euros.
Respecto al acceso a la vivienda, que “se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, especialmente de los jóvenes”, el consejero reclamó una nueva ley que ponga más suelo en el mercado, facilite la construcción, ayude a los jóvenes, luche contra la ocupación y dé seguridad jurídica al sector.
