Las declaraciones de la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso Aina Vidal acusando a los administradores de fincas de perpetrar una "estafa sistemática" contra los inquilinos de renta antigua han causado malestar en el Consejo General que representa a este colectivo, compuesto por más de 15.000 profesionales.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) ha pedido una reunión con el grupo parlamentario que dirige Íñigo Errejón para exigirle "respeto" y explicarle que los contratos de alquiler de renta antigua están "expresamente excluidos" de la limitación que establece la ley de vivienda para las actualizaciones anuales de renta.
La diputada Aina Vidal denunció hace unos días la "estafa sistemática" en España de los administradores de fincas a los inquilinos de renta antigua por aplicarles subidas anuales en los alquileres de hasta el 22%, cuando la ley de vivienda limita el incremento de rentas al 2% en 2022 y 2023 y al 3% en 2024.
"De forma sistemática les han estafado, explicándoles que la ley no se aplicaba en ese tipo de contratos y que podían subirles un 22 %, un 14% o un 5,5%, que son los precios que nos hemos encontrado", afirmó la pasada semana en rueda de prensa la también dirigente de En Comú Podem, que reclamó al Ministerio de Vivienda que "tome cartas" en el asunto.
Absolutamente falso
Desde el CGCAFE, el coordinador de la Comisión de Legislación, Enrique Vendrell, ha dicho EFE que la acusación es "absolutamente falsa" y que además "se basa en una afirmación jurídicamente incorrecta, porque ese límite se aplica exclusivamente a los contratos de arrendamiento formalizados a partir del 1 de enero de 1995".
La Ley por el Derecho a la Vivienda, que entró en vigor hace diez meses y limita el precio de los alquileres, señala en su disposición adicional sexta que los contratos afectados por esos límites extraordinarios son los sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que entró en vigor en 1995.
Esto supone que el límite del 2% en 2022 y 2023 y del 3% en 2024 no es aplicable a los contratos anteriores a ese año, que se actualizan conforme al IPC, como marca la ley que los regula, de 1964.
"A los de renta antigua los excluye expresamente, porque son contratos de renta muy baja, por debajo del mercado, y el legislador consideró en su día que esas limitaciones del 2% y 3% no deberían aplicarse", subraya Vendrell.
Éste explica que, si un inquilino de renta antigua recibe una actualización superior al IPC, "lo que tiene que hacer es no pagarla", ya que "si no la acepta es el arrendador el que tiene que pedir al juez la legalidad de esa actualización".
"La carga de la prueba de la legalidad de esa actualización la tiene el arrendador siempre, al inquilino le basta con decir que no y el arrendador no puede imponer esa actualización, sino que antes tiene que ir al juzgado para que un juez diga si esa actualización que pretende aplicar es correcta, por eso estoy tan seguro de que no ocurre", recalca, tras manifestar el malestar generado entre los administradores de fincas, porque "son profesionales, no estafadores".
El grupo parlamentario de Sumar ha dirigido al Gobierno varias preguntas por escrito sobre este asunto, en las que le pide "aplicar sanciones a los administradores de fincas que hayan incumplido la ley" de vivienda.
"En caso de constatarse los abusos ¿Qué medidas piensa ejecutar el Gobierno para que los arrendatarios recuperen el margen adicional de renta cargado por algunos administradores?", señala Sumar en otra de sus preguntas, a las que ha tenido acceso EFE.
200.000 viviendas en España
Según fuentes del sector inmobiliario, en España quedan unas 126.000 viviendas alquiladas como renta antigua, un régimen legal creado a finales de los años 50 para permitir el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos y que afecta a los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985, cuando el llamado Decreto Boyer liberalizó el mercado de alquiler.
En Barcelona estos alquileres representan el 10% del total, aseguran desde el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, lo que supone unas 30.000 viviendas.
Con rentas muy por debajo de las de mercado (entre 100 y 200 euros), suelen ser pisos con inquilinos de entre 80 y 90 años, considerados vulnerables, que han pasado en ellos la mayor parte de su vida.
