Sólo el 10% de las empresas españolas puede hacer sus cobros y pagos en 30 días, en tanto que otro 10% de ellas considera que tendría problemas para cumplir con ese plazo y un 60% está convencida de que cobrar a sus clientes en 30 días "mejoraría su tesorería" y su liquidez.
Estas son algunas conclusiones de un estudio sobre la gestión del riesgo de crédito en España publicado este martes por Crédito y Caución e Iberinform, que analiza el conocimiento que tienen las empresas sobre la posible adopción en la Unión Europa (UE) de un reglamento sobre morosidad que establezca los 30 días como plazo de pago en las relaciones comerciales.
La Comisión Europea propuso en septiembre de 2023 sustituir la actual directiva de lucha contra la morosidad, vigente desde 2011, por un reglamento que fuera directamente aplicable y que estableciera disposiciones únicas para toda la UE, entre ellas la introducción del mencionado plazo de 30 días para operaciones comerciales entre empresas o entre empresas y administraciones públicas.
Y es que, de acuerdo con las estimaciones de la Comisión, una de cada dos facturas vinculadas a las operaciones comerciales entre empresas en Europa se paga con retraso o no se llega a pagar, y una de cada cuatro quiebras empresariales se debe a los problemas de liquidez generados por los retrasos en el pago de facturas de los clientes, explica el informe.
Tras una primera lectura del texto, el Parlamento Europeo introdujo cierta flexibilidad al establecer los 30 días como plazo de pago máximo, con la posibilidad de negociar su extensión expresa hasta los 60 días o incluso más allá en algunos casos muy determinados.
El proceso legislativo continuará, previsiblemente, después de la formación del nuevo Parlamento Europeo resultante de las elecciones del pasado 9 de junio, recuerda el informe.
