Los empleados públicos tendrán que declarar la subida salarial del 0,5% ligada al avance del PIB y con cargo al pasado ejercicio en la declaración de la renta de 2024, que se presentará en la primavera de 2025.
Según explica la Agencia Tributaria en su página web, los atrasos recibidos por este concepto, que los funcionarios del Estado cobraron en la nómina de febrero, se tienen que imputar en "el periodo impositivo en que sean exigibles por su perceptor".
En este caso, son exigibles en el periodo impositivo de 2024, es decir, que "en ningún caso deberán incluirse en la declaración de IRPF del ejercicio 2023", cuyo plazo de presentación de liquidaciones comienza el próximo 3 de abril.
La nómina de los empleados públicos subió un 2,5% en 2023, un porcentaje que se elevó en un 0,5% adicional por la inflación y otro 0,5% porque el PIB creció más del 2,4% que había previsto el Gobierno, todo ello con efecto desde el 1 de enero de 2023.
Este alza salarial del 3,5% es de aplicación para los tres millones de trabajadores de las diferentes administraciones.
