El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, ha señalado que el acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales a los funcionarios públicos está aún pendiente de cuantificar el coste que tendrán algunas de las medidas solicitadas por los sindicatos, como la regulación del teletrabajo o la puesta en marcha de planes de igualdad.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Marín, que ha ejercido de portavoz, ha señalado que la administración regional y los sindicatos están “muy cerca de alcanzar un acuerdo” porque la predisposición por ambas partes es “absoluta”, si bien ha matizado que “quedan importantes flecos por resolver”.
En ese sentido, ha subrayado que la postura de la Consejería es que la reducción de la jornada debe ir en cualquier caso ligada a que no se comprometa la prestación de los servicios públicos fundamentales y, para ello, el Gobierno calcula que habrá que asumir unos costes “elevados”, de unos 130 millones de euros según ha cuantificado en diversas ocasiones.
Un primer punto de acuerdo al que se ha llegado en la última reunión, celebrada esta misma semana, es el de aplicar la medida a partir del próximo mes de enero de 2024 para los funcionarios de la administración y del Servicio Murciano de Salud, mientras que los trabajadores del sector de la educación se les aplicaría coincidiendo con el comienzo del curso.
Sin embargo, ha señalado, en la negociación han entrado otros factores propuestos por los sindicatos que se están estudiando y “tratando de cuantificar” su coste económico, y que serían los escollos que faltan por limar para cerrar un acuerdo.
Entre esos puntos, Marín ha destacado la propuesta de regular el teletrabajo, la de establecer planes de igualdad en la administración pública y “otras medidas de índole social” relacionadas con la recuperación de derechos sindicales.
Marín ha insistido en que el Gobierno continuará en sus esfuerzos por dar cobertura a esas propuestas, pero siempre supeditadas a que no se comprometa la prestación de los servicios públicos fundamentales.
