La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han firmado este viernes un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025.
El pacto, del que se desmarcó la CEOE, comienza a dar forma a un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno, pero que en la última semana ha suscitado diferencias en los plazos de aplicación entre los socios PSOE y Sumar, y que ahora debe sumar los apoyos parlamentarios suficientes.
"La reducción de la jornada afectará a 12 millones de personas", ha dicho Díaz durante el acto de firma, al tiempo que ha asegurado que, en los últimos 40 años, no se ha tocado la jornada laboral, mientras que ha aumentado la productividad por hora trabajada más del 50%, por lo que "ha llegado la hora de repartirla".
Díaz ha incidido en que el acuerdo recoge la reducción de jornada a 37,5 horas semanales en el año 2025, manteniendo derechos de los trabajadores, incluidos los que tienen contrato a tiempo parcial.
También incluye el derecho a la desconexión digital y mejora las condiciones del registro de jornada hacia uno digital, transparente, fiable e interoperable con la Inspección de Trabajo; al tiempo que endurece el régimen sancionador por incumplimiento, con sanciones por trabajador afectado.
La vicepresidenta segunda ha agradecido a los líderes sindicales su trabajo, porque "siempre están donde hay que estar", pero también a los representantes de la patronal porque, "pese a no compartir desde el origen la reducción de jornada, han estado once meses trabajando en la mesa".
Esta misma semana, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado que la patronal rechaza un recorte de jornada por ley, al considerar que es un tema que corresponde a la negociación colectiva y que dañaría a las empresas, sobre todo las más pequeñas.
El anteproyecto de ley comienza este mismo viernes el trámite de consulta pública, ha anunciado Díaz, "para que se apruebe cuanto antes en el Congreso y el Senado".
El objetivo es que, "antes de que acabe 2025, quienes tengan una jornada de 40 horas ganen tiempo de vida. Tiempo para vivir, descansar, leer, pasear, compartir y ser felices".
Los sindicatos esperan que "vea la luz en el BOE"
En el acto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha celebrado un pacto "completo y sumamente ambicioso" en un día importante, pero que "no es el final de nada", en alusión a la necesidad de sumar los apoyos parlamentarios suficientes para que termine en ley y aplicándose.
Sordo ha recordado que han estado un año negociando y ha reiterado que hubieran preferido un acuerdo en el que estuvieran las patronales CEOE y Cepyme.
"Es mejor y más efectivo un acuerdo tripartito, pero no se puede otorgar derecho de veto a nadie", ha subrayado.
Sordo ha confiado en que este cambio pueda tener un "efecto arrastre" en los convenios bajando las jornadas y ha destacado el papel que puede tener para mejorar la igualdad laboral, al abordar la parcialidad, así como en la creación de empleo.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha reconocido que le hubiera gustado contar con CEOE y Cepyme en el pacto y les ha tendido la mano para seguir hablando, al igual que harán con los grupos parlamentarios para lograr sumar una mayoría que "refleje lo que piensa la sociedad".
"Estamos convencidos de que 41 años después (...) nadie debería de perderse la fiesta que va a representar para los trabajadores", ha dicho Álvarez.
El líder de UGT ha destacado la importancia de contar con un control horario "firme y serio"; así como garantizar el derecho a la desconexión para ir a una forma de trabajar "más europea".
"Es un buen acuerdo", ha defendido Álvarez, que ha añadido que las 37,5 horas son una "parada" para llegar a las 32 horas semanales, la jornada semanal de 4 días.
"Vamos a movilizarnos si es necesario", ha añadido el líder ugetista, que ha dejado claro que, pase lo que pase, los sindicatos no dejarán de luchar para conseguir esta reducción desde las 40 horas semanales vigentes.
Detalles del acuerdo alcanzado
- Una jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales
La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo, siempre que tenga en cuenta una duración máxima de la jornada ordinaria de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.
La reducción de jornada no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo.
Los convenios colectivos tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias con el objetivo de cumplir con la jornada máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.
- Compensación salarial para la jornada parcial
Los contratos celebrados a tiempo parcial que, al reducirse la jornada a 37,5 horas semanales, tengan una duración del tiempo de trabajo igual o superior se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.
El resto de trabajadores a tiempo parcial, así como aquellos con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo, pero con un incremento proporcional del salario.
- Compromiso de regular las jornadas especiales
El acuerdo recoge también el compromiso del Gobierno de revisar en dieciocho meses la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para adecuarlas a la nueva jornada máxima legal.
- Un registro de jornada accesible para la Inspección
También se detalla que la empresa mantendrá un registro diario de jornada digital que garantice "la objetividad, fiabilidad y accesibilidad", así como la interoperabilidad.
Para ello, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.
Además, los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder al registro en el centro de trabajo o en remoto y en cualquier momento.
La empresa deberá conservar los registros y los resúmenes durante cuatro años y, si incumple la normativa, "se presumirá como realizada la jornada ordinaria de trabajo, así como las horas extraordinarias y complementarias manifestadas por la persona trabajadora, salvo prueba en contrario".
El Gobierno se da un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para la puesta en marcha de los cambios en el registro horario con un desarrollo reglamentario específico.
- Derecho a la desconexión digital
El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización.
Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.
El derecho a la desconexión, se detalla, es "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.
- Sanciones por cada trabajador
El pacto también establece que transgresión de las normas sobre jornada se considerará infracción grave.
En el caso de ausencia de registro o falseamiento de datos se computará esa infracción por cada persona trabajadora afectada.
También serán graves los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
- Mesa de diálogo social para evaluar los resultados
El Gobierno creará una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para evaluar los resultados del recorte de jornada y seguir avanzando en una mayor reducción, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.
Cepyme señala que la reducción de jornada elevará costes y aumentará la conflictividad
La patronal de las pymes, Cepyme, ha señalado este viernes que la reducción de la jornada laboral por ley supone una subida salarial y, por tanto, un aumento de los costes laborales, y puede elevar la conflictividad en las plantillas.
En una nota difundida este viernes tras sellarse el acuerdo sobre la jornada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, la patronal incide en que la pyme será la más afectada por una reducción del horario "debido a su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos".
Cepyme calcula que, una reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo los salarios, conllevaría un coste directo de 11.800 millones y que el cambio afectará a tres de cada cuatro trabajadores, el 75% del mercado laboral, cubiertos por convenios colectivos, en torno a los 8,8 millones de asalariados.
"La reducción de la jornada por ley constituye una nueva subida de los costes laborales que se suma a las del salario mínimo interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales", añaden.
Cepyme señala que la medida tendrá distinto impacto según las ramas de actividad y añade que en inmobiliarias, hostelería, agroganadería, comercio y actividades profesionales los trabajadores que hacen jornadas superiores a las 37,5 horas semanales son el 85% del total.
La patronal también advierte de que a esta nueva subida de los costes laborales "se une el mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, las dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente, algo complicado en una economía como la española aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra".
