El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha planteado a los agentes sociales mayores bonificaciones a las empresas de hasta 10 trabajadores que, como consecuencia de la reducción de jornada a 37,5 horas en 2025, conviertan contratos a tiempo parcial en completo.
En declaraciones a los medios, Pérez Rey ha explicado que esta medida ha sido presentada este viernes a los representantes de patronal y sindicatos e incluida en el plan de acompañamiento a las pymes PYME 375, que forma parte del paquete de medidas para la reducción de jornada.
Dicho plan PYME 375 cuenta también con bonificaciones para aquellas micropymes que lleven a cabo contrataciones indefinidas al aplicar la reducción de jornada, así como medidas para incentivar la formación y el acompañamiento a través de los centros de orientación y emprendimiento del SEPE.
De esta forma, ha añadido Pérez Rey, Trabajo quiere "impulsar el empleo de calidad" y conseguir "que la reducción de jornada sea un estímulo para la creación de empleo", así como "una oportunidad para su calidad, al bonificar los incrementos de la jornada que surjan".
El secretario de Estado ha explicado que dichas bonificaciones serán mayores o menores "en función del tiempo de trabajo que se añade", es decir, de si se aplican a un nuevo contrato indefinido creado o a una ampliación de jornada, de parcial a completa.
Además, ha añadido que, tras ponerlo este viernes encima de la mesa, espera las propuestas de bonificación a aplicar que planteen ahora los agentes sociales.
También ha pedido a la patronal, "si cree que hay medidas adicionales o de estimulo a la pyme que podrían ponerse en marcha, que nos lo haga saber", al tiempo que ha asegurado que la reducción "va a suponer un gran estímulo para la empresa, una ocasión para mejorar la calidad de sus empleos y ganar competitividad".
Pérez Rey ha dejado claro que el Gobierno "no se conforma" con llevar la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas al Estatuto de los Trabajadores, porque "no es un cambio estético (...) sino que tiene que ser real".
Por ello, encima de la mesa está también la desconexión digital y una mejora del actual registro horario, de forma que sea electrónico, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y "que tenga en cuenta las singularidades de algunas relaciones laborales especiales o sectores productivos específicos".
Esta cambio requiere de un desarrollo reglamentario, que no ha de pasar por las Cortes, ha dicho, y en el que el Ministerio de Trabajo ya ha comenzado a trabajar creando para ello un grupo de expertos, si bien ha señalado que es probable que entre antes en vigor la reducción de jornada.
Las sanciones por incumplimiento de la reducción de jornada también serán revisadas, ha dicho Pérez Rey, de forma que "las infracciones más graves se practiquen por trabajador y no por empresa" e incluyan un agravante para las "más graves, que ponen en peligro la vida de los trabajadores".
"Cuando el exceso de tiempo mata, las sanciones deben ser proporcionadas al incumplimiento, lo suficientemente disuasorias para que a nadie se le ocurra poner en peligro la vida del trabajador sometiéndoles a jornadas agotadoras o interminables", ha dejado claro.
Los sindicatos no ven avances
La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Maricruz Vicente, ha asegurado que sigue sin haber ningún avance y que los empresarios mantienen su pretensión de que las reducciones del tiempo de trabajo se sigan pactando en los convenios colectivos, sin una rebaja general de la jornada máxima legal establecida en el Estatuto de los Trabajadores.
Vicente cree que solo hay margen para una reunión más, en la que las partes tendrían que manifestarse sobre el documento que Trabajo les ha enviado al finalizar el encuentro de este viernes con los detalles del Plan 375.
A su juicio, si en la siguiente reunión la patronal mantiene su negativa a que se recorte por ley la jornada semanal, la negociación tendría que darse por agotada y el Gobierno debería asumir la iniciativa legislativa no solo sobre la jornada, sino también respecto al control horario y a la desconexión digital.
Tanto la responsable de CCOO como el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, han afirmado desconocer que el Ministerio de Trabajo había puesto en marcha un grupo de expertos sobre horas extraordinarias.
En opinión de Luján, cuyo sindicato ha demandado a España ante Europa para que se regule una retribución mayor para las horas extra, este grupo de expertos llega tarde.
"No es admisible que haya cada semana 6 millones de horas extra, de las que casi la mitad no se abonan, ni cotizan, ni contribuyen a la hacienda pública (...) Es un hurto a las personas trabajadoras", ha dicho Luján, que ha cifrado ese trabajo extra que no se paga en 3.250 millones de euros.
Fuentes de la CEOE han señalado que "tras la reunión no ha habido novedad" y que "siguen en contra de una reducción legal de la jornada al considerar que es una materia que habría que abordar en la negociación colectiva", pero que, no obstante, "siguen en la mesa".
