BBVA ha lanzado una oferta pública de adquisición (opa) hostil por la totalidad del Banco Sabadell, una operación que contempla las mismas condiciones que la propuesta de absorción que presentó el banco dirigido por Carlos Torres y que fue rechazada por el banco catalán.
La contraprestación ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell es de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones del banco catalán, según se detalla la oferta comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta del BBVA señala que esta contraprestación en acciones equivaldría a un precio en efectivo de 2,12 euros por acción, la media ponderada de la cotización del Sabadell en el trimestre anterior a la formulación de la oferta, por encima de la cotización actual del banco catalán en el mercado, que ayer cerró a 1,805 euros.
El precio citado por el BBVA supondría valorar el Sabadell en algo más de 11.530 millones de euros, en tanto que su capitalización actual roza los 9.790 millones de euros.
La opa, dirigida a la totalidad de las acciones de Sabadell, está condicionada a alcanzar más del 50% de aceptación de los accionistas.
Rechazo del Gobierno
El Gobierno ha mostrado su rechazo a la decisión de BBVA de plantear una oferta pública de adquisición (OPA) hostil a Banco Sabadell, "tanto en la forma como en el fondo" y considera que esta operación "introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español".
Así lo indican fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que detallan que dicha operación "supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros".
Añaden que ese "excesivo nivel de concentración" podría introducir "un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera" y recuerdan que esta idea ya la ha indicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Las mismas fuentes opinan que de salir adelante esta OPA hostil "afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio".
"España tiene actualmente un sistema financiero fuerte y solvente", remarcan las mismas fuentes, que hacen hincapié en que el deber del Gobierno es "velar por mantener un sistema financiero sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes".
