La morosidad es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas de la Región de Murcia, una situación que se ha visto agravada en los últimos meses por la inestabilidad económica y que pone en peligro su liquidez y viabilidad.
En este sentido, las compañías son muy conscientes de la importancia de efectuar los pagos correctamente en tiempo y forma para lograr buenas relaciones tanto con sus proveedores como con sus clientes, un aspecto básico para el buen funcionamiento de sus negocios. Así lo recoge el Informe Europeo de Pagos de Intrum, en el que un 60% las empresas murcianas encuestadas afirma que los pagos dentro de los plazos establecidos son esenciales para generar y mantener la confianza con proveedores y socios. Una opinión que comparte el 66% de las entidades españolas.
Sin embargo, según el mismo estudio, únicamente el 55% de las organizaciones de la Región de Murcia toma medidas para asegurarse que pagan a tiempo a sus proveedores, porcentaje que en términos nacionales es del 53%.
Esta situación podría parecer una consecuencia del contexto económico actual de incertidumbre, pero la realidad es que en los periodos de crecimiento del negocio, solo el 38% de las empresas de esta comunidad (el 45% en España) destaca como una de sus prioridades la mejora en la administración y gestión de sus procesos para garantizar que pagan a sus proveedores y socios a tiempo.
El estudio elaborado por Intrum destaca también que una de las principales razones por las que las empresas murcianas retrasan los pagos a sus proveedores es la demora que sufren en los cobros de sus propios clientes: el 64% de las empresas encuestadas en la Región (el 73% también a nivel nacional) declara que pagaría antes a sus proveedores si recibiese antes los pagos de sus deudores.
Asimismo, el Informe Europeo de Pagos de Intrum ha revelado que el 71% de las compañías de la Región de Murcia cree que la creciente incertidumbre macroeconómica las ha llevado a extender las condiciones de pago a sus proveedores en el último año. Una petición a la que también ha tenido que recurrir el mismo porcentaje de las empresas españolas, y que estaría en línea con los últimos datos del ‘Barómetro de la pyme sobre la morosidad’ de CEPYME, que muestra que la morosidad empresarial en el primer trimestre del año se incrementó un 42% respecto al mismo periodo de 2021, hasta alcanzar los 348.992 millones de euros.
