El Consejo de Ministros ha autorizado este jueves al Ministerio de Transportes licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la Región de Murcia, con un valor estimado de 24,1 millones de euros (IVA no incluido), informa el ministerio.
La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Este contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.
El citado contrato recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.
Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 98,2 kilómetros de carreteras, incluyendo 82,6 de autovía. Las carreteras incluidas en este sector son la autovía A-7, a lo largo de 64 kilómetros en varios tramos entre los kilómetros 598 (Alhama de Murcia) y 662 (Puerto Lumbreras); la A-91, a lo largo de 17 kilómetros entre los kilómetros 0,2 (límite provincial con la provincia de Almería) y 17,7 (Puerto Lumbreras), y la carretera N-342, a lo largo de 15 kilómetros, entre el 83 (Puerto Lumbreras) y 98,6 (límite provincial con Almería).
Además será objeto del contrato la renovación de hardware y software de control y sistema de radio comunicaciones del túnel de Lorca, en la A-7.
Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la RCE incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.
En 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
