Los cortes de suministros energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma, ha anunciado este martes el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
En el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, también se amplía, para proteger a los afectados por la crisis del coronavirus COVID-19, el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él.
También habrá medidas para "flexibilizar los contratos" de electricidad y gas de autónomos y empresas, ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
De esta manera, para autónomos y pymes será posible suspender las facturas de electricidad y gas, y abonarlas durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma en partes iguales.
Asimismo, se flexibiliza las condiciones de contratación de electricidad y gas para autónomos y empresas, que podrán modificar o suspender temporalmente sus contratos, incluyendo la posibilidad de reducir la potencia y caudales contratados sin coste.
Las nuevas medidas amplían las adoptadas por el Gobierno el pasado 17 de marzo, cuando a través de un real decreto-ley de medidas urgentes, prohibió durante un mes, prorrogable, cortar los suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, los vulnerables severos o los que están en riesgo de exclusión social, que son los beneficiarios del bono social, un descuento en la factura de la luz que se hace a esos colectivos.
Ahora esa prohibición de hacer cortes se extiende a todas las residencias habituales del conjunto de los ciudadanos del país, mientras dure el estado de alarma, que, de no extenderse otra vez, finalizaría el 11 de marzo.
También, entonces, el Gobierno prorrogó la vigencia del bono social eléctrico a lo que debían renovarlo en estos meses hasta el 15 de septiembre y suspendió la actualización de los precios del butano y de la tarifa regulada de gas hasta septiembre, para evitar que se puedan encarecer.
A los beneficiarios del bono social, categoría a la que ahora podrán acceder los despedidos por la crisis del coronavirus y autónomos que tengan que cesar en su actividad, se les aplica un descuento de entre un 25% y un 40% en la factura eléctrica, aunque si son familias en situación de exclusión social, no pagan nada.
En España había, al finalizar febrero, 1.290.550 unidades familiares que recibían el bono social y un 13% de los beneficiarios eran pensionistas con pensiones mínimas.
Por otra parte, la ministra de Asuntos Económicos se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre la situación en que quedan las industrias electro intensivas tras la ampliación de los ceses de actividad de empresas.
Calviño ha dicho que la industria electro intensiva no se puede parar, por lo que hay que asegurarse que se puede mantener un nivel de actividad reducido y con menor movilidad de los trabajadores.
Ha añadido que son las empresas las que deben ver cuál es la mejor forma de organizarse y no ve por qué no se puede llegar a un acuerdo que permita mantener la actividad, que no se pierdan clientes y evitar mayores daños en el periodo reducido de días que se ha limitado al máximo la actividad económica.
