La respuesta del Gobierno regional a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, más concretamente, del ministerio de Hacienda, de intervenir el Fondo de Liquidación Autónómico no se ha hecho esperar. Sánchez ha cumplido sus amenazas y retendrá el dinero del FLA para controlar desde el Ministerio de Hacienda el pago a los proveedores de la Comunidad.
Así se lo ha comunicado el Estado a la Comunidad en un requerimiento notificado este martes a la Consejería de Hacienda, que acumula una deuda comercial superior a los 200 millones de euros con sus proveedores.
El consejero del área Javier Celdrán, en rueda de prensa junto a la directora general de Presupuestos, Begoña Iniesta, ha calificado de "injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable" esta medida restrictiva sobre la autonomía de Murcia, y ha dicho que las demoras en el pago a proveedores las ha provocado el propio Ministerio por la deuda del IVA, la infradotación financiera y los atrasos en las entregas a cuenta que realiza cada quince días a la región.
A juicio de Celdrán, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha impuesto un nuevo escalón en las medidas restrictivas sobre el presupuesto" autonómico, que ayer mismo fue llevado al Parlamento regional por el Ejecutivo de Fernando López Miras, atendiendo a criterios exclusivamente políticos y con la única finalidad de "intentar perjudicar y penalizar" las cuentas de la Administración regional.
Ha considerado "perverso" que el gobierno reconozca que el modelo de financiación autonómico es injusto pero imponga a la vez medidas de ajuste adicionales, y ha insistido en que la economía de Murcia "funciona", como lo demuestra el hecho de que en los diez años de vigencia del sistema de financiación actual haya crecido el empleo regional el 7,7%, más del doble que la media nacional.
"Murcia hace una gestión responsable de sus recursos. Aquí no hay despilfarro en EREs ni en referendum ilegales", ha subrayado el titular de Hacienda y consejero también de Presidencia, para quien el Gobierno "castiga a esta comunidad dándole una patada en el culo" con un requerimiento que supone "un hito más en la estrategia desleal y mezquina" de castigo a la región.
Ha añadido que Murcia merece el trato que reciben otras regiones y ha asegurado que estas retenciones, que se aplicarán durante los próximos seis meses, generarán más tensiones de tesorería en las cuentas públicas.
En cualquier caso, la decisión de la ministra de Hacieda pone en jaque las arcas públicas regionales, especialmente porque pone en riesgo la liquidez y la tesorería, justo ahora que Celdrán había conseguido aprobar el proyecto de presupuestos autonómicos.
Esta intervención de las cuentas del estado está prevista en la Ley de Esbilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, desde el Gobierno regional se defiende que si hasta ahora han existido problemas en el pago a proveedores es por la mala financiación autonómica que padece la Región y que los socialistas no tienen intención de mejorar.
Por otro lado, ha informado de que el Ministerio de Hacienda, en su comunicación oficial, ha requerido a la intervención general de la Comunidad Autónoma que traslade el montante de la deuda comercial que arrastra Murcia para calcular, a partir de ahí, el porcentaje de dinero que pagará directamente a los proveedores y retendrá a la Administración regional.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que esta medida ya se aplicó en 2017 a las autonomías de Aragón y Extremadura y que la penalización se extiende durante seis meses.
