El debate este miércoles en el Senado de una moción presentada por el PP sobre la financiación autonómica ha servido solo para constatar las discrepancias políticas y territoriales que han llevado a que el sistema aprobado en 2009 cumpla este 2022 ocho años caducado.
El PP presentó en noviembre pasado una moción, que se ha debatido y rechazado este miércoles, para instar al Gobierno a "impulsar la reforma urgente del modelo de financiación autonómico de conformidad con los principios que fueron acordados en enero de 2017 en la VI Conferencia de Presidentes". La moción solicitaba la convocatoria "inmediata" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y planteaba seis "principios", los de "solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en función del coste efectivo de los mismos"; y un veto: "rechazar cualquier negociación bilateral" que condujera al "establecimiento de privilegios y agravios" entre territorios.
En defensa de la moción, Fernando Martínez-Maíllo (PP) ha apelado a la "búsqueda de elementos de acuerdo en relación con los principios que deben inspirar el nuevo modelo de financiación autonómica" y ha considerado que "es el momento" de llegar a un acuerdo.
Por su parte, el senador socialista Miguel Ángel Heredia ha afirmado que la reforma del actual sistema de financiación "se va a hacer con diálogo, con consenso, con cooperación y con acuerdo" y ha hecho un llamamiento a "terminar con los frentismos". "Busquemos un acuerdo para garantizar una financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar servicios públicos de calidad y para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan las mismas posibilidades de acceder a esos servicios púbicos", ha proclamado Heredia, al tiempo que criticaba la política del PP en esta materia, igual que Martínez-Maíllo ha hecho con la del PSOE.
El parlamentario de Cs José Luis Muñoz ha achacado al bipartidismo los males de un sistema "obsoleto, injusto, complejo, poco transparente y que genera desigualdades entre los españoles", mientras el senador de Vox Jacobo González-Robatto ha dicho directamente que "esta moción es un apaño del sistema autonómico que no funciona" y que en su opinión "incita y premia el egoísmo, la desigualdad y la ruptura de España".
A su vez, los representantes de ERC y JXCat han insistido en el déficit fiscal que a su juicio soporta Cataluña, mientras Madrid, como ha dicho la senadora republicana Elisenda Pérez, se ha convertido en "el epicentro de todos los proyectos de grandes infraestructuras".
Como ellos, los portavoces de Compromís, Més per Mallorca, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Aragonés y Adelante Andalucía se han centrado en la "infrafinanciación" que el actual sistema supone para sus comunidades o la pérdida de financiación que puede acarrear el futuro modelo.
