Los gobiernos murciano y andaluz han criticado, por "insuficiente y parcial", el informe del Ministerio de Hacienda sobre el cálculo de población ajustada para el nuevo sistema de financiación autonómica, que, según el ejecutivo murciano, es un "intento de enfrentar" a las comunidades autónomas.
Así lo ha asegurado este miércoles el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, tras reunirse en la sede de su departamento con su homólogo andaluz de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.
Marín ha remarcado que este documento es "insuficiente" para poder afrontar de forma "transparente y multilateral" la reforma del modelo de financiación autonómica y que todas las comunidades puedan participar en "igualdad de condiciones" y sin "tratos de favor".
Para el consejero murciano, este informe supone "empezar la casa por el tejado", ahonda en "lo injusto" del sistema actual y encierra un "intento de enfrentar" a las diferentes comunidades con el criterio de población ajustada.
El objetivo, según Marín, es tener una "supuesta justificación que le permita perpetuar" el sistema actual, que "castiga a murcianos y andaluces", al tiempo que ha estimado que no habrá una reforma del modelo durante este año, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado un calendario legislativo que no incluye esta modificación legal durante 2022.
Por ello, el consejero murciano de Hacienda ha exigido al ejecutivo central la "urgente e inevitable" puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas.
El titular andaluz de Hacienda ha remarcado que las comunidades autónomas deben conocer en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera las propuestas ministeriales sobre la suficiencia financiera, que ha cifrado en 16.000 millones de euros más para el conjunto de las comunidades respecto al modelo actual.
FONDOS EUROPEOS. Por otra parte, ambos consejeros han pedido la convocatoria de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que el Gobierno central explique y de solución a las "concesiones arbitrarias" que se están realizando y llevar a buen fin la asignación y ejecución de los fondos Next Generation.
En este sentido, Marín y Bravo no han descartado acudir a los tribunales, como ha hecho la comunidad de Madrid, o hacer un requerimiento previo, como ha cursado Castilla y León, tras el reparto de 9 millones de euros de fondos de la UE a País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para subvenciones de empleo.
