La aplicación del impuesto a los envases plásticos no reutilizables, como plantea el proyecto de Ley de Residuos, sin una repercusión jurídica que garantice trasladar el coste real a los clientes, puede suponer el cese de actividad para el 95% de las empresas fabricantes de envases y embalajes de plásticos.
Así lo indica el estudio "Impuesto sobre los envases y embalajes plásticos: impacto sobre el sector de fabricantes de la no repercusión jurídica del impuesto", elaborado para la plataforma de agentes de la cadena de valor de los plásticos EsPlásticos, que analiza el impacto socioeconómico de esa medida fiscal sobre los fabricantes de plásticos y el conjunto de la economía española.
En términos relativos sobre el PIB y el empleo de cada comunidad, País Vasco, La Rioja, Navarra y Murcia son regiones que podrían verse especialmente afectadas, ya que el sector tiene asociado más del 1,5 % del PIB y del empleo, un peso que duplica al de la media nacional.
El sector de fabricación de envases y embalajes de plástico está presente en toda España, pero es especialmente relevante en las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Navarra. En las tres primeras, su contribución al PIB supera los 1.300 millones de euros en cada una de ellas.
El estudio pone de manifiesto el problema de la falta de repercusión jurídica, una figura contemplada en la mayoría de los impuestos de este tipo y no incluida en el actual proyecto de Ley de Residuos.
Según EsPlásticos, la falta de esta figura jurídica no garantiza a los fabricantes de envases y embalajes la traslación real del coste a sus clientes.
Con el tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado en envases no retutilizables se recaudarían 982 millones de euros, un 41% más que el excedente bruto de explotación (EBE) del sector, que en 2019 ascendió a 696 millones de euros, lo que, según el estudio, llevaría al sector de fabricación de envases y embalajes de plástico a una situación de pérdidas brutas.
Si las empresas del sector cesaran su actividad a consecuencia del impuesto, las pérdidas en recaudación superarían los 2.000 millones de euros, 2,1 veces más que la recaudación prevista por el nuevo impuesto, que son 982 millones de euros.
En esa cifra de más de 2.000 millones de pérdidas en la recaudación no está contemplado el coste que provocaría el aumento del desempleo (unos 539 millones de euros).
Según explica el estudio, si la Ley contemplara la posibilidad de repercutir el impuesto a las siguientes empresas en la cadena de valor, los fabricantes de envases y embalajes de plásticos podrían asumirlo sin un efecto significativo sobre su cuenta de resultados y, por lo tanto, tampoco en el empleo ni la recaudación fiscal.
La potencial quiebra de las empresas del sector podría llevar asociada la destrucción de más del 78% de la actividad económica y del empleo asociado.
En términos de empleo, considerando efecto directo, indirecto e inducido, se traduciría en una destrucción de 99.340 puestos de trabajo, de los 126.675 que están vinculados al sector de envases y embalajes plásticos. Esto afectaría a 8.554 empresas, impactando financieramente en el bienestar de 271.545 personas.
El impuesto impactaría también sobre el conjunto de la economía, no sólo por el posible cese de actividad de las empresas del sector, sino también por el efecto tractor que llevaría asociado. La contribución al PIB del sector se reduciría 0,6 puntos porcentuales, y pasaría del 0,7% al 0,1%.
