El modelo de reparto de fondos del Estado a las autonomías ha llevado a más de 1.400 millones de euros el déficit de financiación de la Región de Murcia desde 2002 hasta 2013 y aumentó con la aplicación del sistema aprobado en 2009, que genera una distribución regional "desigual".
Así lo ha sostenido este martes el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y experto en financiación autonómica en el Consejo Económico y Social, Fernando Ignacio Sánchez Martínez en la comisión sobre ese asunto en la Asamblea Regional.
Ha explicado que el Gobierno de España aprobó un nuevo modelo a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para garantizar una financiación igual entre comunidades con un criterio por "habitante ajustado", lo que mejoró "ligeramente" la de Murcia en ese apartado en 2010, primer año de su aplicación.
Sin embargo, el déficit de financiación ha aumentado desde ese año porque la financiación por "habitante ajustado" en 2007 era inferior a los 2.000 euros por persona y en 2010 estuvo en torno a los 2.200, mientras que entre 2012 y 2013 volvió de nuevo a los 2.000.
Ha advertido de que el déficit de financiación es "crónico", se viene arrastrando desde los orígenes del sistema y no se ha corregido en las sucesivas reformas del modelo. Asimismo, el profesor ha recomendado que para alcanzar un consenso en un nuevo modelo se debería ajustar la financiación autonómica para que cada región preste el mismo nivel de servicios fundamentales.
El portavoz socialista, Diego Conesa, ha afirmado que "solo el 18 % del incremento de la deuda se debe al actual modelo en el período 2009-2013, pues el profesor ha dicho que el problema de financiación de Murcia es crónico y muy anterior a 2009, pues existe desde el inicio del estado de las autonomías", y que "la caída de los ingresos se debe fundamentalmente a la burbuja inmobiliaria". "Tenemos menos autonomía fiscal que el resto de las comunidades por la menor renta por habitante", ha remarcado.
El diputado de Podemos Rafael Esteban ha estimado en 2.500 millones la infrafinanciación de Murcia desde 2002, al determinarse según lo dicho por el compareciente "unos 200 menos anuales", lo que permite "sacar conclusiones respecto a de dónde viene el resto de deuda acumulada", superior a 10.000, "producto de la mala gestión de los sucesivos gobiernos del PP" en la región.
Ha recordado que una de las causas más importantes de esa baja financiación es la mala negociación del Gobierno autonómico de Ramón Luis Valcárcel con el central de José María Aznar en 2002, cuando educación y sanidad pasaron a depender de Murcia.
Al ser ambas competencias "infrafinanciadas, en cuanto hubo un mínimo descenso en los ingresos, la región se encontró ante un déficit estructural que ya no podemos eludir", ha comentado, una opinión con la ha coincidido Conesa.
Además, "un sistema tributario que perdona impuestos a los más ricos", como el de Murcia, "pierde fuerza a la hora de negociar con otras comunidades y con el Estado", ha añadido Esteban, también en sintonía por lo expresado por el líder socialista, quien ha pedido "corresponsabilidad para evitar una perjudicial competencia fiscal" entre regiones.
A preguntas del diputado de Vox Francisco Carrera, Sánchez Martínez ha indicado que el sistema de financiación autonómica se negoció en la década de los 80 del pasado siglo "sin garantizar un resultado equitativo", lo que provoco en la negociación que unas comunidades obtuvieran unos "mejores" criterios que otras.
Interpelado por la parlamentaria de Ciudadanos Valle Miguélez, el compareciente ha respondido que la creación de fondos complementarios a la financiación destinados a fines sociales y de transparencia podrían "corregir estos desequilibrios".
La diputada del PP María Dolores Valcárcel le ha preguntado sobre la oferta de 16.000 millones no reembolsables efectuada por el Gobierno central para repartir entre las regiones por la crisis del coronavirus.
Ha contestado que el Gobierno de España debería seguir para su reparto criterios sobre la actividad clínica, sanitaria y de salud pública, las pruebas diagnosticas utilizadas, los casos detectados de Covid-19 e ingresos en hospitales si lo que pretende el Estado "es cubrir el gasto sanitario" autonómico.
