El próximo miércoles 22 de julio el pleno de la Asamblea Regional debatirá y votará la nueva ley de Protección Integral del Mar Menor. Es por ello que este miércoles se han dado cita representantes de la Fundación Ingenio, de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) y de Proexport, mostrando su preocupación por las consecuencias que dicha norma tendrá sobre la agricultura murciana.
Esta propuesta legislativa dedica un 70% de su articulado a señalar a la agricultura como culpable de la degradación del Mar Menor, impidiendo prácticamente la continuidad de forma rentable de la actividad agrícola y condenándola así a su desaparición. No obstante, existen muchos otros factores con una gran incidencia en la contaminación del Mar Menor, tal como señala el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor realizado por el Comité Científico.
Natalia Corbalán, Directora de Fundación Ingenio, señala que: “Nosotros entendemos la situación, somos el primer interesado en trabajar para encontrar una solución a la situación actual del Mar Menor. Pero de todas las soluciones posibles, destruir la agricultura no es una de ellas. Precisamente, la delicada situación ambiental de la laguna hace necesaria que las medidas implantadas se caractericen por una efectividad contrastada y cuantificable, evitando la generalización de medidas arbitrarias y subjetivas, especialmente si afectan a la viabilidad económica”.
De hecho, el sector argumenta la existencia de varios estudios de la Universidad Politécnica de Cartagena que avalan que las medidas propuestas apenas tendrán efectos positivos para la laguna, ya que no permiten evaluar la efectividad de las mismas en la recuperación de la albufera, mientras que pondrán en serio peligro la supervivencia del sector agrario murciano.
Resaltando estos estudios científicos que los posibles efectos de estas medidas serían al largo plazo, mientras que otras actuaciones contempladas en el Plan de Vertido 0 si tendrían un efecto muy beneficioso en un breve periodo de tiempo.
Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ha añadido que “El plan pretende cambiar los usos agrícolas del suelo a otros de carácter ecológico, forestal y turístico en una zona regable declarada de alto interés cuyos terrenos son los que menos impacto ambiental generan gracias a las inversiones realizadas. Además, cabe destacar el conjunto de medidas que se han venido desarrollando en los últimos meses, tales como la propuesta de reducción de explotación del agua del trasvase, o la declaración mal estado químico del acuífero del Campo de Cartagena, están poniendo en jaque la supervivencia de nuestra agricultura.”
Javier Soto, vicepresidente de Proexport ha querido destacar las acciones sostenibles que se están llevando a cabo en el sector “Desde hace años trabajamos para incorporar medidas como la nutrición vegetal sostenible, la reducción de aportaciones de nitrógeno, sistemas de retención y aportación de nutrientes, entre otras, que ponen en valor el respeto por el Medio Ambiente y el fomento de una agricultura sostenible compatible con el entorno y el medio natural. Tenemos un problema ambiental que nos afecta a todos, y que desde el sector asumimos como objetivo compartido.”
Santiago Martínez, presidente de Fecoam, ha puesto en valor las posibles consecuencias que dichas medidas pueden tener en la empleabilidad del sector y, por ende, de la región “Nos estamos jugando la pérdida de miles de puestos de trabajo en las zonas rurales, lo que conllevaría una importante pérdida de riqueza para la región. Lo que estamos poniendo en peligro es una actividad de gran relevancia para la región, que representa el 24,3% del PIB total de Murcia. Además, no solo la agricultura se vería afectada, sino que el impacto alcanzaría a toda la cadena de valor agroalimentaria (transportistas, distribuidores, comercios, cooperativas agrarias, talleres, concesionarios, recicladoras, etc.). Ya que la actividad agrícola de la región incide indirectamente en aproximadamente el 50% del PIB de la comunidad”.
El sector aboga por una revisión del texto legal para buscar el consenso con todos los actores implicados a través de soluciones basadas en criterios técnicos. Se prestan a abrir vías de diálogo con las administraciones y los actores implicados, partiendo de un análisis que aúne todas las voces del sector. De lo que sí están seguros, afirma Corabalán, es de que “la solución al problema del Mar Menor no es destruir nuestra agricultura. No es una cuestión de escoger entre mantener la supervivencia de la laguna o enfrentarnos al desabastecimiento alimentario, es la obligación de avanzar de forma sostenible para preservar ambos.”
Tras la crisis del coronavirus, la actividad agraria se ha convertido en un pilar fundamental, tal y como han afirmado el 75% de los murcianos. Así lo refleja el estudio realizado por la Fundación Ingenio de la mano de Infocom “Percepción de los murcianos sobre la agricultura durante la crisis del Covid-19”, elaborado sobre una muestra de 1.061 residentes en la Región de Murcia.
Además, el estudio revela que el 94% de los murcianos considera que el papel de los agricultores ha sido tan crucial como el de los sanitarios durante la crisis. No obstante, a pesar del importante papel de la agricultura durante esta crisis, son muchos los factores que amenazan la subsistencia del mismo, como la infravaloración del precio de venta de sus productos. En este sentido, 9 de cada 10 encuestados apoya estas reivindicaciones de los agricultores. Es más, el 78% de los murcianos se siente orgulloso de los productos del Campo de Cartagena y no solo del producto en sí mismo, sino del proceso que se realiza hasta llegar a él.
