El Gobierno de Murcia recurrirá al Tribunal Supremo la planificación hidrológica aprobada este martes por el Consejo de Ministros que recortará los envíos del trasvase del Tajo al Segura (TTS) al aplicar caudales ecológicos progresivamente más altos al río manchego, ha avanzado el presidente autonómico, Fernando López Miras.
En su opinión, la alternativa al recorte de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos (hm3) que el Ejecutivo español propone suplir con un mínimo de 140 de agua desalinizada no es una opción por su peor calidad y su alto precio, aunque la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha comprometido a rebajar hasta los 34 euros el hm3.
También por la imposibilidad de llevarla a determinadas cotas y la contaminación y el derroche de energía que supone generarla, ha añadido Miras, para quien "la fecha de hoy quedará marcada como el mayor ataque político a la Región de Murcia de las últimas décadas, una sentencia de muerte al TTS, una tropelía sin base ni fundamento que golpea el desarrollo socioeconómico y ambiental".
"Si hoy somos lo que somos, es gracias al TTS, a cómo hemos aprovechado cada gota de agua para convertirnos en la huerta de Europa por la calidad de nuestros productos y el trabajo de nuestros agricultores", ha añadido antes de acusar al Gobierno central de volver a demostrar que quiebra el equilibro y aboca a la ruina al Levante y a miles de familias sin inmutarse ni mirarlas a los ojos", ha añadido.
Según sus palabras, "no es una sorpresa, pues ya avanzó" sus intenciones el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el 19 de abril de 2018, este "recorte del 50% de los envíos hasta 110 hm3 al año ignorando cualquier criterio técnico o aval científico y el dictamen del Consejo de Estado, que lo desautorizó y vino a decir que era una chapuza su plan hidrológico, con el que son ignoradas 15 millones de personas, un tercio del país" entre Andalucía y las comunidades valenciana y murciana.
Ese dictamen "reconoció deficiencias, inseguridad jurídica y falta de transparencia en el debate del Consejo Nacional del Agua, evidenciaba falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, pero el Gobierno de la nación reconoce solo las prioridades del primero sin que haya habido diálogo constante, como ha dicho hoy Ribera", con todas las partes implicadas.
La nueva planificación no evalúa las consecuencias de estos recortes al TTS, está marcada por el sectarismo ideológico y la falta de criterios técnicos y es doloroso escuchar de Ribera que no se puede cuestionar, ha afirmado.
"Van a dejar al Levante sin la mitad de sus recursos hídricos y pretenden silenciarnos, pero vamos a dar la batalla contra los que nos arrebatan el elemento indispensable para nuestra vida y nuestro futuro", ha indicado antes de avanzar que volverá a pedir una reunión con Sánchez por si en esta ocasión lo consiguiera tras varios intentos infructuosos.
"No vamos a tolerar que manden al paro a miles de trabajadores, que empobrezcan a la Región con sus decisiones, defendemos solidaridad y justicia entre regiones e infraestructuras que permitan el máximo aprovechamiento del agua al mismo precio. No queremos menos para nadie, queremos más para todos", ha concluido.
REACCIONES
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha calificado como “desastroso y fatídico” el recorte de 70 a 110 hectómetros de trasvase Tajo - Segura, que condena al “hundimiento más absoluto” al campo murciano y levantino.
El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha apuntado que “es una decisión muy negativa y totalmente dañina para el sector agroalimentario de Murcia y de todo el Levante español, además, el enorme daño que van a provocar con esta decisión arbitraria lo van a pagar muy caro”.
Además, el titular de ASAJA Murcia ha señalado también “vamos a seguir peleando, luchando y trabajando para que se pueda rectificar esta infame decisión que condena al campo murciano a su desaparición. Hoy es un día muy triste para los agricultores y ganaderos murcianos, pues quieren acabar con nuestro sector primario y no lo vamos a permitir. La decisión acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez es una injusticia y es una forma de hundir aún más al sector agrario español”.
Para CROEM, se trata de un nuevo episodio de una forma de hacer política que el tejido empresarial regional rechaza de plano y que poco tiene que ver con la salvaguarda de los intereses generales. Sin tener en cuenta lo que esto supondrá no sólo para los territorios afectados sino para el conjunto de España, la decisión del Gobierno central es reflejo del sectarismo irracional que domina el panorama político y que ha llegado a las instituciones en su peor versión posible.
Decir que el agua del trasvase se suplirá con un incremento de la desalación demuestra un profundo desconocimiento de la realidad que vive la cuenca del Segura y de las necesidades del regadío. Ni la calidad del agua desalada ni el precio que se paga por ella permitirán la supervivencia de muchos cultivos.
CROEM seguirá defendiendo los intereses de agricultores, regantes y de la industria agroalimentaria en su conjunto, así como de todos los sectores de actividad directa e indirectamente relacionados con su futuro, puesto que son generadores de miles de empleos del que dependen miles de familias en el sureste español.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha defendido la continuidad del trasvase Tajo Segura y ha calificado como “mazazo que nos afecta a todos” la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de recortar el trasvase. La alcaldesa advierte de la pérdida de 5.400 empleos directos y el abandono de más de 12.000 hectáreas, además de pagar el agua más cara por parte de agricultores, empresas y familias de todo el levante.
Noelia Arroyo asegura que “reclamar la vigencia del Trasvase no puede interpretarse como la defensa de unos intereses regionales frente a otros. Yo no voy a sentirme egoísta por defender ese derecho porque creo firmemente que defendemos intereses generales de los españoles. Los campos que el gobierno va a dejar que se sequen están declarados regadíos de interés general del Estado”, según Arroyo, que señala que “defendemos la lucha contra el avance del desierto, defendemos el trabajo que afianza poblaciones rurales y que generan exportaciones para aumentar el PIB nacional”.
Solo en el campo de Cartagena hay 47.000 personas que dependen de la actividad agraria que sostiene el trasvase, y casi el 40% del agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla procede de estas aportaciones. “Los casi 100 hm para abastecimiento del año pasado se quedarán en 55 hm, según los cálculos de la Confederación Hidrográfica del Segura”, ha añadido Noelia Arroyo.
La alcaldesa ha instado al Ministerio para la Transición Ecológica a invertir en depuración de aguas en Castilla-La Mancha “como hacemos nosotros, que depuramos el 98% de las aguas residuales”. La Región de Murcia depura al año 110 hectómetros de aguas residuales, “exactamente la misma cantidad que el Gobierno va a recortar dentro de 5 años del Trasvase para que se quede en el Tajo”, según Arroyo.
