Para despejar cualquier duda sobre su manejo del agua, los agricultores tienen la posibilidad de reunir los requisitos y obtener alguno de los certificados que cada vez más distribuidores exigen para garantizar la sostenibilidad de la cadena de suministro.

Fuentes de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) aseguran que el uso y buen manejo del agua es uno de los parámetros que ya se miden y se regulan en la mayoría de los protocolos de calidad existentes que exigen las cadenas de distribución a los productores.

Mayoritario en el sector exportador es, por ejemplo, el certificado Globalgap, que tiene un nuevo módulo adicional dedicado al agua llamado Spring, que ciertos distribuidores van a comenzar a pedir próximamente aunque sea más costoso.

El grupo hortofrutícola Paloma, especializado en cultivos hidropónicos y ubicado en Mazarrón, vende más del 90% de su producción a Europa, a grandes supermercados, y tiene experiencia en este tipo de certificados. En 2016 comenzó a calcular su huella hídrica con el fin de mejorar el proceso productivo y fijar objetivos en el uso del agua, y el año pasado añadió el estudio de la huella de agua, que evalúa el impacto de la escasez de ese recurso.

Desde entonces, además, está en proceso de implantar la certificación AWS, un sello todavía más complejo que "va más allá" y está centrado en la gobernanza del agua. En este caso, "no solo hay que asegurar que se cumple la ley, sino también que se realizan buenas prácticas de gestión de agua y en la cuenca, manteniendo relación con todos los actores implicados a todos los niveles", explica la responsable de Investigación, Desarrollo e Innovación del grupo Paloma, Ana Hernández.

CUMPLIR LOS ESTÁNDARES

Solo tres sitios en España han logrado por ahora el certificado de la Alianza para la Gestión Sostenible del Agua (AWS, por sus siglas en inglés): la empresa sevillana de cítricos Iberesparragal y dos fábricas de la multinacional Nestlé. Sarah Wade, responsable de dicha alianza, señala que lo normal es que grandes compañías e industrias europeas de alimentos y bebidas hayan sido de las primeras en ser certificadas, mientras que en el sector agrario "está llevando algo más de tiempo porque es necesario hacer la trazabilidad e ir a las explotaciones de donde proceden los productos". A diferencia de otros sellos, el suyo requiere una auditoría de una organización externa que verifica el cumplimiento de los estándares sostenibles, para lo cual las explotaciones e industrias deben formarse con ayuda de sus equipos internos u otros consultores.

Además, Wade insiste en la importancia de la administración del agua, porque una empresa "puede ser muy eficiente y limpia, pero si opera en un sitio donde otros usuarios no están regulados, no se comportan igual o hay muchos socios que compiten por el mismo recurso, entonces afronta riesgos significativos". De ahí que importe tanto la localización como el trabajo de gestión hídrica realizado con anterioridad por los agricultores.

Otro certificado que mide la sostenibilidad hídrica y el riego eficiente es el H3+, desarrollado a partir de un proyecto en el que han participado la asociación Coexphal y las empresas Proyecta Ingenio, Wise Irrisystem y Grupo Caparrós.

La responsable de Sostenibilidad de la certificadora Agrocolor, Ana María Robles, detalla que verifican los datos de la explotación que aspira a lograr ese sello, su tipo de suministro de agua, su sistema de riego y su huella hídrica.

Los parámetros son muchos, desde la producción y el tiempo de recolección hasta las dimensiones de las balsas de riego, las hectáreas regadas, el número de goteros y su caudal, la estación meteorológica más cercana o la curva de retención de humedad del suelo. "No se puede certificar ningún producto que no tenga una autorización legal de agua o no pueda justificar que el volumen de agua que consume procede de fuentes autorizadas", argumenta Robles.

LEGALIDAD EN EL USO DEL AGUA

El coordinador de Agua y Agricultura de la organización no gubernamental WWF, Felipe Fuentelsaz, defiende que las certificaciones han hecho evolucionar las producciones agrícolas, sobre todo las de frutas y hortalizas, aunque lamenta que eso no se traduzca en más obligaciones legales.

Ante problemas como los relacionados con el robo del agua en Doñana (Andalucía), las Tablas de Daimiel y el Mar Menor, Fuentelsaz recalca la necesidad de verificar también el uso legal del agua en las explotaciones. "Muchos protocolos han abordado mucho los aspectos de la eficiencia hídrica, pero poco la legalidad y la sostenibilidad", asegura el coordinador de WWF, que echa en falta más capacitación para evaluar los criterios sobre el uso legal del agua.

Una guía de la ONG sobre este asunto recoge otros ejemplos de certificación, incluidas las públicas de producción integrada y ecológica, o las normativas privadas Naturland o Biosuisse.

WWF denuncia casos como que la certificación de producción ecológica esté basada en un reglamento europeo que no recoge con claridad el control sobre el uso legal del agua, por lo que puede haber fincas ecológicas certificadas por algunas comunidades autónomas que utilicen ese recurso de forma ilegal.