CROEM, COEC y Ceclor y 65 asociaciones sectoriales piden que se reanude toda la actividad que sea posible y, en especial, en sectores que están sumidos en una situación especialmente grave como son el comercio y el turismo y la hostelería.
Según la confederación empresarial, el comercio, los bares, los restaurantes, las cafeterías, los hoteles y todos los demás establecimientos asociados al ocio viven un "momento dramático" que requiere de un plan de choque urgente porque no se puede plantear otro horizonte que no sea el de la celeridad en la reanudación de las actividades.
"Castigar sin un horizonte claro la importante actividad de los servicios en un país que tiene en el tercer sector su gran fortaleza, solo puede traer un retraimiento de la actividad económica y del empleo, es decir, los dos factores que permiten pagar impuestos. Y sin impuestos no hay estado de bienestar", añade.
Por otra parte, los empresarios murcianos piden que hasta un máximo de 15 días de las vacaciones de verano de sus empleados se disfruten en este periodo de estado de alarma, previo acuerdo de empresa y trabajadores, y reclaman suspender el pago de impuestos y tasas, así como del cumplimiento de otras obligaciones tributarias, sobre todo para actividades no calificadas como esenciales y que están directamente afectadas por la situación de crisis actual.
Otras dos peticiones empresariales pasan por "compensar de forma automática el pago de impuestos con las deudas que las Administraciones Públicas tengan con empresas con las que contraten y ampliar el plazo de presentación de la declaración del I.R.P.F. 2019 durante al menos tres meses y acelerar las devoluciones al máximo posible".
Añaden la reducción los módulos del IRPF y del IVA, en proporción al periodo durante el que los autónomos no pueden desarrollar su actividad con normalidad por la crisis y seguir intensificando las devoluciones de IVA, de especial impacto en las empresas exportadoras.
Solicitan también dotar de seguridad jurídica y certidumbre a las empresas y trabajadores sobre tiempo de tramitación de los ERTE y autorizar los de suspensión de contrato o reducción de jornada más allá de la estricta duración del estado de alarma, y eliminar la condición de mantenimiento de las plantillas seis meses después de la finalización del Estado de Alarma para beneficiarse de las exenciones en el pago de las cotizaciones en los casos de ERTES por fuerza mayor.
CROEM considera necesario adoptar todas las medidas que planteen en el marco del diálogo social, y con el máximo consenso posible, no con decisiones unilaterales, y dotar de un marco de mayor certidumbre y seguridad jurídica a las medidas y normativa aprobadas, así como salvaguardar la libertad de empresa reconocida en la Constitución, evitando intervenciones públicas, que, bajo el pretexto de esta situación extraordinaria, entorpezcan la adaptación de cada iniciativa económica y, por tanto, el mantenimiento de puestos de trabajo a corto y medio plazo.
Asimismo, solicitan evitar los mensajes generalizados, confusos o incompletos que, persiguiendo tranquilizar a la población en general, perjudican y menoscaban la imagen o la situación de las empresas, y advierte que la mejor política social es favorecer que las empresas mantengan los puestos de trabajo.
