Grandes compañías propietarias de vivienda en España, entre ellas varias controladas por el fondo de inversión estadounidense Blackstone, han propuesto ceder al Estado 30.000 pisos durante 25 años para familias vulnerables en régimen de alquiler social, pero la negociación con el Gobierno no avanza.
La oferta, que obra en poder del Ministerio de Transportes, la ha hecho pública el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, en nombre de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que teme que las reticencias de Unidas Podemos sean lo que está frenando su desarrollo, según fuentes del sector.
Asval representa, entre otros propietarios, a socimis como Testa y Albirana Properties, de fondo Blackstone; Iante, del también fondo de inversión estadounidense Ares Management; promotoras como Aedas Homes y La Llave de Oro y compañías especializadas en alquiler asequible como Tectum Real Estate.
La iniciativa está basada en el "modelo irlandés", en el que el gran tenedor puede acogerse, a través de un concurso público, a un programa de cesión de viviendas por 25 años al Estado, que se convierte en arrendatario y le paga un alquiler con un descuento de entre el 15% y el 20% y con un derecho de subarriendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
"Yo recomendaría una gestión privada al dictado de lo público. Que sea la comunidad o el ayuntamiento el que dirige, pero con gestión privada, porque hay que estar 24 horas los siete días de la semana ante cualquier incidencia", explicó Mendiluce hace unos días en la jornada anual del Club Inmobiliario de Esade.
COSTE "RIDÍCULO". Desde el sector recuerdan que la cifra de las 30.000 viviendas que se podrían movilizar por esta vía la lanzó hace más de un año el propio secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, dentro de su objetivo de conseguir 100.000 unidades en alquiler asequible. Señalan que una parte de las 30.000 serían casas que ahora están vacías y que podrían dar respuesta a la emergencia habitacional de miles de personas que están en lista de espera.
Otra parte serían activos que están ocupados por familias en situación de irregularidad, a las que entienden que debe ser la administración pública la que se responsabilice de ellas, no la iniciativa privada. La administración regularizaría su situación con un nuevo contrato y un alquiler mensual de entre 200 y 400 euros.
Esto supondría un gasto anual para el Estado de entre 72 y 144 millones de euros, lo que estas compañías consideran un coste "ridículo" para ayudar a solucionar problemas de emergencia habitacional y ocupación ilegal.
