Hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Vivienda y ahora solo hace falta esperar a la aprobación de las Cortes. Esta nueva ley contempla la regulación de los precios del alquiler y un recargo del IBI de hasta el 150% que afectará directamente a las viviendas vacías. Pero ¿qué se considera vivienda vacía?
La ley no expone una definición clara del concepto ‘vivienda vacía’ y es un factor fundamental de cara a las consecuencias legales. Según el INE, es aquella vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie, que también habla de viviendas deshabitadas.
No obstante, Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI), explica que, “este concepto no aparece en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ni la Ley sobre propiedad horizontal”. “Por lo tanto, se tendrá que redactar una ley específica que describa el término de vivienda vacía, ya que de otra forma no podría aplicar el recargo del IBI”, puntualiza el experto.
En este contexto, el IBI es una competencia municipal, por lo tanto, cada ayuntamiento tendrá el poder de sancionar o no, algo que hará que su ejecución no sea uniforme. Unsain asegura que “lo más probable es que en los municipios gobernados por el PP no se aplique, lo que supondrá una nueva diferencia entre comunidades”.
Montse Moreno, vicepresidenta de AEPSI, considera que “si se quiere aumentar la oferta, lo que tiene que hacer la Administración es hacerlo sobre suelo público y haciéndolo atractivo para promotores que les interese construir esta vivienda más asequible en alquiler, porque les ofrece una rentabilidad y tienen una seguridad jurídica ante posibles impagos o destrozos en la vivienda”. Además, la experta asegura que se podría convertir en un arma de doble filo y provocar el efecto contrario: "Sacarán del mercado a los más vulnerables y a los perfiles menos solventes”.
Por lo que repercute a la inversión, Iñaki Unsain explica que “este tipo de medidas solo generan inseguridad jurídica y miedos entre los inversores y promotores inmobiliario, lo que provoca que se ahuyente la inversión a ciudades que no estén intervenidas por esta ley, y por ende un aumento de las desigualdades”.
