La Región de Murcia ocupa el cuarto puesto por autonomías en número de viviendas de la Sareb que se verían afectadas en el 'Plan Sánchez', según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos, en concreto, dispondría de 2.093 casas.
La Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones donde la Sareb cuenta con un mayor número de viviendas para destinar a alquiler asequible y social, ya que suman el 40,8% del stock de 20.768 unidades que esta sociedad pública quiere vender a las comunidades y ayuntamientos para ese fin. La Comunidad Valenciana es la que dispone de más viviendas de este tipo, con 4.950 unidades; seguida de Cataluña, con 3.539.
En tercer lugar se encuentra Castilla y León, con 2.288; seguida de Murcia, con 2.093; Andalucía, 2.040; Castilla-La Mancha, 1.534 y Galicia, 1.285.
En la parte baja de la tabla figuran Cantabria, con 611; Aragón, 580; Madrid, 455; La Rioja, 388; Extremadura, 305; Canarias, 303; Asturias, 171; Baleares, 120; País Vasco, 81 y Navarra, 25.
De estas cerca de 21.000 viviendas, solo 9.000 ya están disponibles y 12.000 se encuentran pendientes de obras de finalización y habitabilidad.
Fuentes del Gobierno han señalado que la adecuación corre a cargo de la Sareb, según se acuerde en cada caso, y que para ello hay fondos. También han recalcado que estas viviendas están "en el sitio y al precio que las compró el Gobierno del PP en 2012".
Sumados estos inmuebles con los suelos que también quiere vender la Sareb a comunidades y ayuntamientos para construir otros 15.000 pisos, un 60% se concentran en el arco mediterráneo, principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Desde el Ejecutivo destacan el "impacto significativo" que tendrá en los territorios el plan de la Sareb y llaman a no "minusvalorar la importancia que tiene en la vertebración territorial y, por tanto, las posibilidades en el ámbito rural y de los pequeños ayuntamientos".
Señalan asimismo que los 50.000 inmuebles que en total pretende movilizar la Sareb para arrendamiento son adicionales al compromiso ya adquirido por el Gobierno de llegar a 100.000 viviendas públicas en alquiler asequible en los próximos años.
