El pasado 15 de julio, el Banco Mundial anunció una extensión de financiación a Turquía por valor de 1.500 millones de dólares para cinco proyectos de desarrollo durante el año 2021, continuando con el XI Plan Nacional de Desarrollo de Turquía acordado entre ambas partes.
Con los préstamos ya existentes, la cartera de préstamos activa de Turquía ha alcanzado poco más de 7.000 millones de dólares y 23 proyectos.
Del total del préstamo de 1.500 millones de dólares, 500 tienen como objetivo garantizar el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas afectadas por los impactos económicos del COVID-19. Los préstamos se canalizarán a través de los bancos VakifBank y el Banco de Desarrollo de Turquía (TKYB).
Otros 300 millones tienen como objetivo evitar el cierre de micro y pequeñas empresas viables afectadas por la pandemia y mantener sus niveles de empleo. El dinero se destinará a proyectos para apoyar a personas y empresas con financiación reembolsable en sectores industriales y otras empresas jóvenes innovadoras que se centran en la investigación y el desarrollo científicos y la programación informática.
Por otro lado, el Banco Mundial pretende seguir apoyando a Turquía en la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. De este modo, otros 300 millones se destinarán a inversiones en infraestructura básica, como nuevas carreteras, tuberías de agua y gas, líneas eléctricas y logística, así como a infraestructura verdes, incluyendo instalaciones mejoradas de eficiencia energética y de agua, plantas avanzadas de tratamiento de aguas residuales y edificios energéticamente eficientes en zonas industriales. Del mismo modo, se destinarán 135 millones de dólares al desarrollo de las comunidades rurales en la cuenca del río Bolaman, ubicada en la región oriental del Mar Negro, y la cuenca del río Cekerek, en la región central de Anatolia.
Así mismo, se destinarán 265 millones para un Proyecto de Resiliencia Sísmica y Eficiencia Energética en edificios públicos para fortalecer la seguridad de los edificios públicos contra los terremotos y al mismo tiempo mejorar la eficiencia energética para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. El proyecto apunta a aislar mejor, fortalecer o reconstruir más de 140 escuelas, residencias, hospitales y edificios gubernamentales, beneficiando directamente a unas 26.000 personas que viven, trabajan o utilizan estos edificios, incluidos estudiantes y empleados públicos. En términos más generales, los beneficios se acumularán para más de 6 millones de ciudadanos que dependen de los servicios públicos proporcionados por los edificios seleccionados.
