La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado este lunes a las autonomías que podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda, que implicaba alcanzar un superávit del 0,1% de PIB.
La senda fiscal vigente para las comunidades autónomas para el periodo 2024-2026, establece que el subsector autonómico tiene que llegar al equilibrio presupuestario en 2024 y que en 2025 y 2026 tenía que contar con un superávit del 0,1% del PIB.
La nueva senda fiscal para el periodo 2025-2027, que este martes se aprobará en Consejo de Ministros y que tendrá que ser validada por las Cortes, da mayor margen fiscal a las regiones no solo en 2025, sino también en 2026 y 2027, años para los que también se fija un déficit del 0,1% del PIB, han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.
En la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero también les ha explicado que recibirán el próximo año 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación, un 9,5% superiores a las recibidas como adelanto en 2024.
Las entregas a cuenta de 2024 se actualizaron el 25 de junio en el decreto ley anticrisis aprobado por el Gobierno con medidas para hacer frente a la crisis de precios derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo.
La cantidad total (adelanto a cuenta más liquidación) comprometida del sistema de financiación con las comunidades autónomas es de 154.467 millones, 19.983 millones más que en 2023, mientras que para las corporaciones locales son 28.557 millones, 5.260 millones.
La Región califica como “estéril” un Consejo de Política Fiscal en el que no se ha tratado la reforma del sistema de financiación
El Gobierno regional calificó como “estéril y baldía” la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro en el que no se trató la reforma del sistema de financiación autonómica.
El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, volvió a insistir en la necesidad de contar con un modelo de financiación “justo, equitativo y suficiente” a pesar de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a dejar fuera de la reunión el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
El orden del día enviado a las comunidades autónomas incluía únicamente un punto en el que se señalaba que la ministra expondría la posición del Gobierno central sobre la financiación autonómica.
Durante su intervención, no obstante, la ministra rechazó iniciar la reforma alegando que las posiciones de las comunidades “son de máximos” y apelando a supuestas diferencias entre comunidades.
“En los últimos cuatro años se han celebrado cinco reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en ninguna de ellas se ha incluido la reforma del sistema de financiación, que es sin duda el mayor reto que tenemos por delante y la prioridad absoluta para los ciudadanos de la Región de Murcia”, lamentó Marín.
“Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda se desentienden una vez más de la obligación que tienen como Gobierno central de impulsar la reforma del modelo y tratan de ocultar la realidad, que no es otra que su nula intención de reformar el modelo de financiación”.
Frente a estas evasivas, el consejero de Hacienda exigió la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal “en el que se trate, de manera monográfica, sobre la imprescindible reforma del sistema de financiación. Además, Marín volvió a solicitar también la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación mientras no se produce esa reforma, una propuesta que compartieron comunidades también infrafinanciadas como la Comunidad Valenciana o Andalucía.
En el caso de la Región de Murcia, y según un estudio de la Comisión de Expertos en financiación autonómica nombrada por las Cortes Valencianas, este fondo de nivelación debería alcanzar los 2.340 millones de euros durante el periodo 2024-2027.
Marín criticó un reparto desigual que supone que las comunidades, que tienen descentralizado más del 35% del gasto total, únicamente participan del 4% del déficit, mientras el Gobierno central se reserva el 96% de esa capacidad. “Es una muestra más de la falta de cogobernanza y de la deslealtad de este Gobierno hacia las comunidades”, denunció.
En lo que respecta a las entregas a cuenta para el ejercicio 2025, el Ministerio comunicó la cifra global, calificándola como “histórica”, pero no trasladó lo que corresponde a cada comunidad autónoma.
“En el año 2024 tuvimos que elaborar nuestros presupuestos con estimaciones porque la ministra no comunicó las cantidades de las entregas a cuenta hasta diciembre, así que en este Consejo de Política Fiscal le hemos exigido que cumpla con su obligación. Nos hemos encontrado con que únicamente se ha facilitado una cifra que la ministra ha calificado como histórica, olvidando que ese récord se debe a una recaudación récord por la voracidad fiscal del Gobierno central en un momento en el que las familias, los trabajadores y las empresas estaban pasándolo mal”, subrayó Marín.
Durante el encuentro, la consejera de Hacienda de Cataluña defendió el modelo de financiación singular para esta comunidad, un punto al que se opusieron la mayoría de las comunidades autónomas y sobre el que la ministra dijo que no es el Gobierno quien está negociando, aunque dejó entrever que esa negociación correspondería al Partido Socialista de Cataluña.
“Resulta inverosímil que la ministra apele a la igualdad al tiempo que mantiene un sistema de financiación que multiplica la brecha entre territorios y desde su partido se ampare una negociación para crear una financiación a la carta para Cataluña”, denunció el titular de la Hacienda regional.
El Ministerio de Hacienda rechazó, por su parte, debatir la propuesta hecha por la mayor parte de las comunidades, entre ellas la Región de Murcia, para modificar el reglamento de funcionamiento del propio Consejo y buscar un sistema de equilibrios más justo.
Hasta ahora, el voto del Gobierno central tiene mayor peso y le basta el apoyo de una única comunidad autónoma para imponer sus decisiones sobre el resto de territorios.
