El Gobierno va a retirar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos, para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos y evitar así un nuevo rechazo en el Congreso en la votación que estaba prevista para este jueves.
Según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda, el Consejo de Ministros adoptará este martes esta decisión, con la que pretende dar una nueva oportunidad al diálogo y agotar todas las posibilidades de alcanzar un pacto que sería beneficioso para comunidades autónomas y ayuntamientos, defienden.
El Congreso iba a votar por segunda vez este jueves la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027 y todo apuntaba que se iba a repetir el resultado de la primera votación: rechazo con los votos de PP, Vox y Junts.
La retirada de la tramitación de los objetivos, por el momento sin fecha límite para reactivarla, deja en suspenso la presentación del proyecto de presupuestos de 2025, que ya no podrá cumplir con el calendario previsto en la normativa, que exige que sea aprobado en Consejo de Ministros y entre en el Congreso antes de octubre.
Dudas sobre los objetivos de déficit y deuda
La senda de estabilidad contiene los objetivos de déficit, deuda y gasto para todas las administraciones, por lo que constituye la base sobre la que se construyen todos los presupuestos para el ejercicio siguiente.
A pesar de ello, aunque el Gobierno no lograra aprobarla, sí podría elaborar y presentar los presupuestos, aunque adaptados a los últimos objetivos de estabilidad remitidos a Bruselas, que en este caso son los que se enviaron en abril del pasado año.
Los objetivos propuestos por el Gobierno -y ahora retirados- prevén que el déficit público baje al 2,5% del PIB el próximo año, dos décimas por debajo de lo que recogían los objetivos remitidos a Bruselas (2,7%) y que entrarían en vigor si la nueva senda no resulta aprobada.
La aplicación de una u otra senda afectará especialmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que con los nuevos objetivos podrían registrar una décima de déficit y equilibrio presupuestario, respectivamente, frente a la décima de superávit que exigen las metas del plan de estabilidad.
Fuentes de Hacienda aluden especialmente a este margen presupuestario -que cifran en 12.000 millones en dos años- para reclamar un acuerdo que preserve los recursos para la sanidad, la educación o la dependencia, señalan.
En caso de que el Gobierno finalmente renuncie a presentar presupuestos o que, si lo hace, el Congreso los tumbe, se prorrogarían automáticamente las cuentas de 2023, que son las que están en vigor actualmente.
Los presupuestos de 2025 serían los primeros adaptados a las nuevas reglas fiscales europeas, que el Gobierno tiene que plasmar en un plan fiscal estructural a medio plazo que enviará a Bruselas el 15 de octubre.
