La escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción amenaza la ejecución de los 3.420 millones de euros de fondos europeos que está a punto de recibir España para la rehabilitación energética de su envejecido parque de viviendas.
La patronal lleva meses alertando de la preocupación que existe en las empresas porque no hay trabajadores suficientes para la ingente cantidad de proyectos que se pueden financiar con la entrada masiva de fondos Next Generation y cifra en 700.000 el número de empleados que necesitan.
Aunque prevé que puedan regresar muchos de los trabajadores que se pasaron a la hostelería tras la crisis de 2008, al sector no le salen las cuentas, sobre todo en lo que se refiere a puestos cualificados.
Entre 2008 y 2020 el porcentaje de trabajadores menores de 34 años ha bajado en la construcción del 42% al 18% y en 2030 se jubilará el 30% de los profesionales especializados en sus oficios.
¿Cómo vamos a incorporar 700.000 personas al sector cuando está pasando todo lo contrario y cómo vamos a construir todo lo que tenemos que construir con el personal cada vez más mayor y con menos formación?", clamaba hace unos días en un encuentro inmobiliario el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Mariano Sanz.
Este martes el Consejo de Ministros aprobará los decretos con las normas para movilizar 5.520 millones de euros de los fondos europeos en ayudas a la rehabilitación residencial a gran escala y a la construcción de viviendas sociales.
De los 5.520 millones, 2.970 millones son para subvencionar actuaciones de rehabilitación energética e integral en 510.000 viviendas, 1.000 millones para la construcción de 20.000 pisos de alquiler social, 450 millones para deducciones fiscales y 1.100 millones en avales del ICO para las comunidades de propietarios.
Estas serán las encargadas de rehabilitar sus edificios, lo que también genera dudas en el sector sobre el éxito de la ejecución de los fondos, dada la complejidad de los trámites burocráticos y de los aspectos técnicos de los proyectos, unida al desembolso que supone para los propietarios y al consenso al que deberán llegar las comunidades de vecinos.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha advertido de que habrá "cuellos de botella" en la gestión de las licencias.
