jueves. 21.11.2024

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Hernández, ha advertido de que “la región de Murcia necesita un plan integral de urbanismo que ordene e incentive todos los sectores empresariales y donde prime la sostenibilidad y el máximo respeto al medio ambiente”. Hernández se ha expresado así este viernes, en la clausura de la jornada sobre ‘Las Claves de la Ley de Aceleración’ organizada por APIRM, y que ha tenido lugar en el Hotel Agalia de Murcia con la participación de sesenta especialistas del sector.

 

La actividad, que ha abierto a las 9.30 horas el Consejero de Fomento e Infraestructuras; Patricio Valverde, ha contado con ponencias de Luis Pérez Almansa, jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda; Juan Luna, director de la consultora especializada en medio ambiente y tramitación de autorizaciones y licencias Foro 21 Soluciones de Ingenería, y Pedro Javier Bastida, abogado experto en derecho urbanístico y secretario general de APIRM.

 

La Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, como se denomina exactamente la iniciativa objeto de la jornada organizada por los promotores, persigue adaptar la legislación a las necesidades empresariales para contribuir al desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

 

Con ella se regula, entre otros aspectos, las infraestructuras industriales y turísticas, el abastecimiento y la sostenibilidad energética, la intervención urbanística y medioambiental, el cooperativismo, el comercio, la protección de los consumidores y usuarios y los espectáculos públicos.

 

En su discurso de clausura de la jornada, José Hernández ha insistido en que “sin urbanismo no hay turismo ni desarrollo empresarial”. En este punto, el presidente de los promotores coincide con los objetivos de la denominada Agenda Urbana, documento diseñado por la ONU en 2016 y ratificado por la UE y el Ministerio de Fomento en 2018 que persigue la creación de “un modelo de ciudad y de desarrollo económico-social más sostenible”.

Los promotores abogan por un plan de urbanismo en el que prime el respeto medioambiental