La Mesa General de Función Pública aprobó hoy una subida del 2% del personal del sector público regional y la congelación del sueldo de todos los altos cargos y el personal eventual de la Comunidad Autónoma. Esto supone que experimentarán los incrementos máximos que establezca la normativa básica del Estado, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2021.
Este fue uno de los asuntos principales abordado este lunes en la Mesa que debatió las disposiciones en materia de Función Pública del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022 y que estuvo presidida por los consejeros de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, y de Salud, Juan José Pedreño.
El titular de Economía indicó que “fue un compromiso del presidente regional el aumentar el sueldo de los funcionarios el máximo que estableciese la normativa del Estado y así lo hacemos, con el fin de seguir prestando el mejor servicio al conjunto del millón y medio de murcianos. Además, por segundo año consecutivo quedan congelados los sueldos de los altos cargos y del personal eventual de la Comunidad Autónoma”.
Otros de los puntos destacados del orden de día fue la redistribución temporal de puestos de trabajo y de efectivos como medida de planificación y gestión del personal para la ejecución de proyectos financiables con fondos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación ‘Next Generation’.
Además, se abre la posibilidad de que cuando las funciones a desempeñar requieran conocimientos técnicos especializados y no exista personal funcionario con la preparación específica necesaria, se realizarán procedimientos extraordinarios de selección del personal interino.
Las disposiciones en materia de Función Pública recogen un punto de medidas de incentivación del desempeño en plazas de difícil cobertura del Servicio Murciano de Salud.
Entre estos incentivos se recogen la flexibilidad horaria; la valoración como mérito en la carrera profesional con un 25% adicional, de tal manera que se podrá acreditar un nivel con cuatro años de servicios prestados; y una valoración en los procesos de selección y de provisión de puestos de trabajo, tanto para personal fijo como temporal, del 50 por ciento adicional.
