El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena ha adjudicado las obras del edificio administrativo de Santa Lucía por 9,1 millones de euros, con el objetivo de seguir abriendo al mar la dársena de Cartagena y la zona de Santa Lucía.
“El propósito del Puerto es seguir abriendo la ciudad al mar, eliminando todas aquellas 'barreras' que impiden que el ciudadano acceda al frente marítimo”, indicó el vicepresidente, Pedro Pablo Hernández. “Este proyecto tiene un especial protagonismo haciendo accesible el frente marítimo de Santa Lucía a los vecinos”.
La propuesta plantea la eliminación de todas las construcciones que aparecen desperdigadas por el recinto, como son; el edificio de control, la nave taller, almacenes, oficinas, marquesinas para coches, vallado, edificio sindicatos, etc., unificando los usos en un único edificio de 2.500 metros cuadrados, con un añadido de interés urbano, ya que son eliminados los actuales límites o barreras físicas de la parcela, permitiendo la permeabilidad de uso al ciudadano para que este se aproxime hasta el propio cantil del muelle.
Al construir un edificio más compacto, se liberan más de 11.000 metros cuadrados, con el propósito de mejorar las posibilidades de disfrute paisajístico. Será la primera vez que el frente marítimo de Santa Lucía se haga accesible para todos los vecinos, lo que repercutirá en la calidad de vida de los ciudadanos y en potenciar la identidad del lugar.
“Los espacios urbanos liberados están sin definir, y se irán decidiendo conjuntamente con el ayuntamiento y los vecinos de Santa Lucía, que se reflejará en otro proyecto de adecuación de espacios urbanos”, subrayó el vicepresidente.
Al Consejo ha asistido como invitado el consejero de Fomento, Jorge García, que ha conocido de primera mano las inversiones futuras del Puerto de Cartagena para “hacer del Puerto una infraestructura capaz de asumir los desafíos del transporte marítimo en el actual contexto geopolítico, los nuevos requisitos europeos en materia de sostenibilidad y la producción de combustibles más sostenibles en nuestro puerto, así como aumentar su superficie para la creación de oportunidades empresariales”, indicó Pedro Pablo Hernández.
El vicepresidente ha dado cuenta de las actuaciones que se están llevando a cabo en materia ferroviaria, como es la estación de Escombreras que se pretende poner en funcionamiento a mitad del próximo año, y ha reclamado la necesidad de definir la conexión con la ZAL, la nueva variante con Alumbres y su conexión con el Corredor Mediterráneo. También la situación de El Gorguel, que pasado un tiempo desde que se presentó el requerimiento en junio no se ha recibido respuesta del Ministerio. En esta línea, tras la reciente reunión entre López Miras y Pedro Sánchez, el vicepresidente de la APC se ha mostrado confiado en que el Gobierno de la nación pueda mostrar su interés en resolver positivamente este proyecto tan importante.
Por otro lado, el Consejo de Administración ha dado luz verde a la renovación de licencia para el servicio de practicaje, la modificación de la ordenanza 'Cartagena Port Control', la ordenanza para el turno de atraques, y ha dado cuenta del informe favorable de la IGAE a las cuentas anuales de 2023.
También se ha constituido el Comité de Riesgos y Cumplimiento normativo siguiendo la política iniciada hace más de un año de prevención de riesgos penales y, en la misma línea, se ha aprobado el Código Ético que debe regir para trabajadores, miembros del Consejo de Administración, proveedores y clientes de la APC.
