Repsol ganó 2.785 millones de euros hasta septiembre, casi un 14% menos que en los nueve primeros meses de 2022, cuando los precios del crudo y del gas, significativamente superiores a los actuales, apuntalaron un ejercicio histórico para la compañía.
Más allá de los resultados, comunicados este jueves, la energética ha sorprendido al mercado al advertir de que de mantenerse el gravamen a las grandes energéticas, como plantean PSOE y Sumar en su acuerdo para la investidura, analizará "cuidadosamente" cualquier decisión final de invertir en España.
Ya en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol avisaba de que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales" de la multinacional.
Algo en lo que ha profundizado horas más tarde su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en una conferencia en la que se ha constatado el interés de los analistas por conocer más detalles de esta postura.
Según Imaz, el gravamen, que inicialmente se aprobó por un periodo de dos años y al que ha calificado de forma reiterada de "injusto, ilegal, inconstitucional y discriminatorio", castiga a las compañías que invierten en activos industriales y crean empleo en el país, mientras que favorece a los importadores que no generan actividad económica relevante.
Casi en paralelo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, reaccionaba en una entrevista en La Sexta asegurando que España tiene el precio de la energía más bajo que los países del entorno, lo que precisamente "permite atraer grandes proyectos de inversión".
Es más, Calviño ha defendido que a los empresarios españoles "nunca les ha ido tan bien" como con este Gobierno, como muestra, a su modo de ver, que estén publicando "beneficios récord" y unas perspectivas positivas.
En este duelo dialéctico indirecto, el consejero delegado de Repsol ha querido dejar claro que la posible extensión del gravamen sobre las ventas de las grandes energéticas con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España, deberá pasar de nuevo por el Congreso de los Diputados.
También ha hablado de la vía legal iniciada en España, donde la compañía recurrió el gravamen ante la Audiencia Nacional, y aunque ha mostrado su confianza en la Justicia, ha avisado de que si el fallo resulta contrario a sus intereses, llegarán al Tribunal Constitucional.
A tenor de sus datos, la energética invirtió 4.362 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 82% más que un año antes. De esa cantidad, el 41% se destinó a España, y el 37% a EE.UU.
De vuelta a una posible ampliación de la tasa extraordinaria, Imaz ha admitido que Repsol tiene alternativas donde invertir, no en vano dispone de sitios industriales en Portugal, y ha incidido en que actuarán en defensa de sus accionistas y empleados, y de lo que significa el empleo industrial.
Retribución al accionista
En materia de cuentas, el resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, registrado hasta septiembre alcanzó los 3.816 millones, un 19,4% menos.
El resultado bruto de explotación o ebitda se redujo un 33,8%, hasta los 7.194 millones, mientras que el ebitda ajustado retrocedió un 25,7%, hasta los 7.408 millones, y la producción media de hidrocarburos fue de 600.000 barriles de petróleo al día, un 10% más.
Estos números dejan en una situación financiera "cómoda" - en palabras de su propio consejero delegado- a Repsol, que ha anunciado el pago a sus accionistas de una retribución de 0,4 euros brutos por acción en enero de 2024, lo que supone un incremento del 14% respecto a lo abonado justo un año antes.
