La Comisión Europea aboga por la transparencia retributiva para garantizar que las europeas y los europeos reciban la misma retribución por el mismo trabajo. Se trata de una de las prioridades políticas de la presidenta Von der Leyen, quien defiende una propuesta que viene a fijar medidas de transparencia retributiva, como la necesidad de informar de antemano a quien aspire a un puesto de trabajo sobre cuál va a ser su salario, o la obligación para las grandes empresas de informar sobre la brecha retributiva de género. La propuesta también refuerza los instrumentos para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos, y además facilita el acceso a la justicia. Además, los empleadores no podrán solicitar a quien se presente a un proceso de selección su historial salarial, y tendrán que proporcionar información retributiva anonimizada cuando así lo soliciten los empleados. Por último, quien haya sido víctima de discriminación retributiva tendrá derecho a una indemnización.
Según datos de la Comisión, en la actualidad las mujeres de la UE ganan, por término medio, un 16% menos por hora que los hombres, a lo que hay que añadir que el 75% de las tareas domésticas y de los cuidados no remunerados los realizan mujeres. Las estadísticas también reflejan que la pensión media de las mujeres es un 30,1% más baja que la de los hombres y que solo el 67% de las mujeres de la UE trabaja, frente al 78% de los hombres.
Von der Leyen, considera que “por un mismo trabajo la retribución ha de ser la misma. Y, para que la retribución sea la misma, es necesario que impere la transparencia. Las mujeres tienen que saber si quien las contrata las está tratando equitativamente. Si no es así, es necesario que puedan defenderse y recibir su justa compensación”.
La propuesta legislativa que impulsa la Comisión Europea se centra en dos factores fundamentales de la igualdad de retribución: por un lado, plantea medidas para garantizar la transparencia retributiva destinadas a las plantillas y a las empresas, y por otro, un mejor acceso a la justicia para las víctimas de discriminación en este ámbito.
Esta iniciativa tiene en cuenta la difícil situación por la que están pasando las empresas, en particular en el sector privado, y aboga por la proporcionalidad de las medidas, a la par que aporta flexibilidad a las pequeñas y medianas empresas.
El próximo paso será presentar la propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez concluido el proceso, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional y comunicar los instrumentos pertinentes a la Comisión. Al cabo de ocho años, la Comisión llevará a cabo una evaluación de esta Directiva.
