La Asociación de Promotores de la Región de Murcia (APIRM), en colaboración con CaixaBank, ha reunido al sector para valorar, de la mano de los profesionales de Garrigues, las principales cuestiones que trae consigo la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Desde APIRM, su presidente y su secretario general han mostrado su “preocupación con el contenido de esta ley”, que consideran “muy negativa para el conjunto del sector inmobiliario y, en definitiva, para la sociedad, porque nos aleja aún más del objetivo de conseguir el acceso a la vivienda digna para la mayor parte de la población”. Por ello, han insistido en “la necesidad de que la Ley sea modificada urgentemente en un verdadero pacto de Estado entre todas las Administraciones Públicas con la necesaria participación del sector inmobiliario”.
A los profesionales de Garrigues les ha correspondido analizar las principales implicaciones administrativas, urbanísticas, contractuales, procesales y fiscales. El turno de ponencias ha sido abierto por Francisco Sánchez Hernández, counsel del Departamento de Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente, al que ha correspondido la valoración de las medidas que quedan incardinadas en la parte del régimen jurídico-público. En su exposición, ha insistido en que, por el reparto de competencias de la Constitución Española, es clave el papel de las comunidades autónomas para que los fines y medidas de la Ley puedan tener una implantación real y efectiva.
En esta línea, Octavio Llamas Fuentes, socio del Departamento de Mercantil, Fusiones y Adquisiciones, que se ha ocupado de los aspectos contractuales más relevantes, ha trasladado que sin la participación de las comunidades autónomas no podrán declararse Zonas de Mercado Residencial Tensionado, las cuales, con los requisitos de la nueva norma, concurrirían en uno de cada cuatro municipios de la Región de Murcia. Por otro lado, entre los aspectos que ha destacado, se encuentran las novedades en materia de información y transparencia que la nueva ley introduce para las compraventas y arrendamientos de viviendas, así como las novedades en la normativa reguladora de los arrendamientos urbanos.
En lo que respecta a los cambios normativos en el ámbito procesal, Marta González Pajuelo, socia del Departamento de Litigación y Arbitraje, ha puesto el foco en las medidas de reforzamiento de la posición de los ocupantes de viviendas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social, especificando que la ley trata de dar mayores garantías para que estos, pese a que tengan que abandonar las viviendas, puedan recibir soluciones habitacionales alternativas.
Por último, Antonio Morga Martínez, asociado senior del Departamento Tributario, ha destacado que las modificaciones en materia tributaria se centran en la graduación de la reducción en IRPF por arrendamiento de vivienda y en el recargo potestativo en el IBI para viviendas desocupadas.
La jornada ha finalizado con un coloquio en el que se ha podido conversar sobre las preocupaciones e inquietudes que esta Ley representa para el sector inmobiliario porque, entre otras cuestiones, todos los intervinientes han coincidido en que hay más sombras que luces.
