La economía regional mantiene un notable ritmo de crecimiento en el año 2018 pero pierde dinamismo, aunque sobrepasa de nuevo la progresión, asimismo debilitada, de la española, según el informe Indicadores de Coyuntura Económica y Laboral Marzo 2019 del Consejo Económico y Social (CES).
En su estimación de principios de febrero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) anuncia una tasa interanual del 2,6%, a unas siete décimas de la precedente; rebasa el 2,5% que estima en España después de un aflojamiento anual de medio punto.
Respecto a la Región de Murcia, no se alejan mucho de otras entidades como BBVA Research (2,8%, 0,3 puntos menos que en 2017), CEPREDE (2,6%% y una mengua anual de 0,7 puntos), e Hispalink (2,8%, a 0,4 puntos del avance logrado en 2017). Varios factores continúan impulsando la actividad económica.
La política monetaria entre ellos, todavía favorable en base a tipos de interés cercanos a los mínimos históricos y con el flujo crediticio recuperado. El reducido precio del dinero dinamiza la inversión empresarial, asimismo avivada por la evolución positiva de los beneficios empresariales.
Contribuye a su vez la continuidad de la creación de empleo, que a pesar de su desaceleración prosigue con buen ritmo y reanima el mercado de la edificación residencial, estimulando también el consumo privado que además es alentado por una inflación moderada. Y el repunte del gasto de las administraciones, en parte por la laxitud en el control del déficit público.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia reduce levemente el déficit público en el año 2018 pero queda lejos del -0,4% que es el objetivo fijado en el Programas de Estabilidad Presupuestaria. La disminución es pequeña y se basa en el crecimiento de los ingresos, porque el gasto repunta aunque con menos intensidad que en el ejercicio precedente. Se cuantifica en 421 millones que representan el -1,34% del PIB, porcentaje este más de tres veces superior al objetivo citado. La continuidad del déficit público trae consigo un nuevo aumento de la deuda pública.
Al finalizar 2018 asciende a 9.232 millones, un 5% más que un año antes, de los que más del 85% contraídos con el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas; representa el 29,3% del PIB. La trayectoria de la economía regional en esta etapa de recuperación impulsaba la creación de empleo con solidez y el descenso del paro con gran vigor a su vez porque lo favorecía la estabilidad de la población activa, infrecuente en otras etapas expansivas.
No es distinto en 2018 pero el debilitamiento de la economía se traslada a la ocupación, cuyo avance se ralentiza y en ello coinciden tanto la EPA como el registro de afiliados a la Seguridad Social. Persiste otro rasgo recurrente como es el incremento generalizado en las diferentes cohortes y rúbricas en que se desagrega la ocupación total pues se encuentran pocas excepciones (inmigrantes, personas de baja cualificación, sector agrario y trabajadores por cuenta propia son las principales), pero una relevante sobremanera como es la disminución del trabajo temporal, por lo que todo el aumento del empleo es asalariado fijo.
Junto al acusado retroceso del paro de larga duración, son los aspectos encomiables del mercado laboral; la sombra principal proviene del acusado ascenso del trabajo a tiempo parcial, modalidad que concentra siete de cada diez nuevos ocupados. La evolución de los contratos laborales concuerda con la del empleo. Aquellos registran una desaceleración relevante, superior a seis puntos porcentuales que dejan su variación anual en 3,8%. Ahora bien, hay un aspecto especialmente favorable: el pronunciado aumento de la contratación indefinida casi un tercio respecto a 2017, una magnitud que en las dos últimas décadas solo tiene un antecedente equiparable en 2006, mientras se retrae casi dos puntos la temporal.
Puede haber favorecido esta subida el refuerzo de las actuaciones de la inspección de trabajo, en parte como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-20192020, porque se observa una importante ralentización del incremento de los contratos de puesta a disposición formalizados por ETT y una utilización muy superior del contrato fijo discontinuo, en la agricultura en particular.
Resalta a su vez el cambio de tendencia al alza en la evolución del número de perceptores de prestaciones de desempleo, atribuible al casi estancamiento de la contratación temporal porque frena aquel flujo de salidas. Conlleva un repunte de 3,1 puntos de la tasa bruta de cobertura de desempleo, hasta el 57,3% que queda un punto por debajo de la española.
En el positivo, es encomiable la ínfima conflictividad huelguística desarrollada en 2018 a tenor de las cifras de trabajadores participantes y jornadas perdidas, pero sobre todo relacionadas con las correspondientes nacionales. Y mejoran las condiciones de seguridad laboral a la vista de cómo evolucionan los accidentes de trabajo.
