La Comunidad aumentará un 23% las actuaciones de control tributario e inspección anuales y creará una Oficina de Atención y Defensa del Contribuyente, además de poner en marcha un Buzón de Denuncias para combatir el fraude fiscal. Estas son algunas de las casi 30 medidas incluidas en el Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal elaborado por la Agencia Tributaria y que deriva del Pacto Regional por el Diálogo Social firmado el pasado mes de mayo con los agentes sociales.
El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, presentó este martes esta iniciativa a los representantes de los sindicatos CCOO y UGT y de la patronal empresarial CROEM para emplazarles a realizar y presentar aportaciones que enriquezcan esta iniciativa.
El titular de Hacienda recordó que el fraude fiscal “produce desigualdad, competencia desleal y, por supuesto, un grave perjuicio a las arcas públicas y un deterioro de los servicios públicos, de nuestra sanidad o de nuestra educación”.
“Es un ataque a la línea de flotación de nuestro Estado del Bienestar, y más aún en una situación crítica como la que atravesamos como consecuencia de la pandemia y en una Región como la nuestra, castigada desde hace más de una década por un injusto sistema de financiación que nos da menos recursos que al resto de comunidades para prestar los mismos servicios”, denunció Celdrán.
El Plan, vigente hasta el año 2022, cuenta en concreto con un presupuesto de 1,2 millones de euros y se estima que con su aplicación se puedan recuperar 40,5 millones de euros de recaudación, lo que supone que por cada euro invertido se recuperarán 32,84 euros para los contribuyentes de la Región.
Para ello, el Plan se marca cuatro objetivos que se alinean con los del Plan Estratégico de la Agencia Tributaria como son la reducción de la conflictividad, el incremento de la eficiencia de este organismo, el aumento de las presentaciones telemáticas y el incremento de la eficacia de las actuaciones de los órganos de la Agencia Tributaria.
Estos cuatro objetivos se estructuran a su vez en torno a 3 grandes líneas estratégicas: la lucha contra el fraude y la búsqueda de alianzas estratégicas con ayuntamientos, organismos públicos, agentes sociales u otras entidades.
La primera de estas líneas, la prevención, cuenta en concreto con 9 medidas a las que se destinarán 380.000 euros y entre las que destaca la creación de una Oficina de Atención y Defensa del Contribuyente que vele por los intereses de los contribuyentes y que contribuya así a mejorar la calidad de los servicios que presta la Agencia Tributaria y, por tanto, a incrementar la satisfacción de los contribuyentes.
DIGITALIZACIÓN CONTRA EL FRAUDE. En el ámbito de la prevención cobra especial importancia la digitalización, con medidas como la implantación de un modelo estratégico de atención al cliente que aproveche las nuevas tecnologías digitales para satisfacer las necesidades específicas de cada grupo de contribuyentes; la potenciación del conocimiento del contribuyente y de las interacciones con él; la implantación de formularios electrónicos para la presentación de declaraciones tributarias y del resto de trámites; el impulso al uso de la Dirección Electrónica Habilitada y de las notificaciones electrónicas o la educación financiera y tributaria.
La lucha contra el fraude, por su parte, incluye un total de 12 medidas que cuentan con un presupuesto de 153.000 euros. Dentro de esta línea estratégica figura por ejemplo la creación de un Buzón de Denuncias para que los ciudadanos puedan colaborar en la detección del fraude.
Además, se impulsarán las actuaciones conjuntas y el intercambio de información con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o se incrementarán las inspecciones sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que gestionan los ayuntamientos y está prevista la creación de una Unidad de Asistencia y Seguimiento de Grandes Contribuyentes y la reducción del tiempo medio en el control de todas las declaraciones y autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes.
En concreto, el objetivo es pasar de las 7.629 actuaciones de control tributario e inspecciones que se realizaron el pasado año en el marco del Plan de Control Tributario a 9.402 anuales, lo que supone un incremento del 23%.
En lo que se refiere a la búsqueda de alianzas estratégicas, se trata de una línea que cuenta con 6 medidas que no supondrán un coste adicional y que impulsarán la colaboración con entidades, organizaciones o personas implicadas en la gestión de tributos y, por tanto, en la lucha contra el fraude.
Entre las medidas incluidas en este sentido figuran la firma de convenios de colaboración con entidades como los colegios de Registradores y Notarios de la Región; con otras administraciones públicas para mejorar el intercambio de información tributaria; el acceso telemático a los datos del Registro Civil y del Registro de Últimas Voluntades o el impulso de un protocolo de responsabilidad entre colegios y asociaciones profesionales como los de economistas, abogados o gestores administrativos y la Agencia para implicarlos de manera activa en la concienciación cívico-tributaria.
El Plan incluye también una serie de medidas organizativas para una distribución y asignación más eficientes de los recursos humanos y materiales a las que se destinan 700.000 euros y dentro de las que figuran el incremento de la formación y la cualificación del personal de la Agencia Tributaria o la implantación de la dirección por objetivos.
