La Región de Murcia ha gastado en los últimos años aproximadamente el 15% de su presupuesto a desarrollo regional, fundamentalmente mediante gastos de impulso a la actividad económica (apoyo a los sectores productos, infraestructuras de transporte y comunicaciones e iniciativas relacionadas con el mercado de trabajo), de protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, movilidad, cultura y apoyo a la I+D+i.
En este capítulo, hay muchas diferencias entre comunidades autónomas, porque cuentan con recursos muy dispares, básicamente provocadas por las diferencias de financiación por habitante, que además viene marcado por varios factores: la diferencia entre el régimen foral y el común, por el peso de los fondos de desarrollo europeos y por las distintas políticas fiscales puestas en marcha por una u otra comunidad.
Todo ello coloca a la Región a la cola en la clasificación de recursos disponibles para el desarrollo regional, imprescindibles en este momento post-COVID, según un estudio del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que indica que la Región contará para salir de la crisis con una capacidad de inversión que no supone ni la mitad de lo que se podrá gastar en las CC AA mejor financiadas, como Navarra, La Rioja o Cantabria.
Y es que, en 2019, el abanico de recursos por habitante de la comunidad mejor financiada (Navarra) y la Región era de casi 55 puntos porcentuales. Esto significa que a las CC AA con más ingresos (Navarra, País Vasco, Cantabria o Asturias) les cuesta menos esfuerzo pagar los servicios públicos fundamentales (SPF) dedicados salud, educación y protección social. De hecho, la inversión en estos gastos en las comunidades mejor financiadas está próximo al 70%, mientras que en las comunidades peor financiadas (Comunidad Valenciana y Murcia) este gasto representa entre el 85 y el 90% del total.
Por esta razón, los gastos de las CC AA por habitante en desarrollo regional son muy dispares. Si comparamos la Región de Murcia con La Rioja o Cantabria, estas últimas doblan a la comunidad murciana. Lo mismo ocurre con Madrid, aunque su caso es distinto, porque se trata de una región rica, que gasta poco y ha adoptado una política de rebajas fiscales que reduce sus ingresos.
De esta manera, la Región dispone de 376 € por habitante para desarrollo regional, frente a los 871 € de Navarra, los 843 € de La Rioja o los 810 € de Cantabria.
Si las sustanciales diferencias en el nivel de gasto en desarrollo regional por habitante se deben a las diferencias de recursos, es un dato preocupante en general pero más frente al reto de reconstruir las economías tras la enorme crisis provocada por el COVID-19. En este sentido, el IVIE destaca que “al poner en relación ambas variables se comprueba que los ingresos de cada comunidad tienen una notable capacidad de explicar sus gastos en desarrollo (gráfico 3ª). En cambio, la renta por habitante de la Región no explica nada, ni en sentido positivo ni negativo (gráfico 3b). así pues, la potencia de las políticas de desarrollo regional resulta condicionada por el tratamiento que reciben las comunidades autónomas de los sistemas de financiación, pero no por su capacidad fiscal ni por el esfuerzo nivelador de la solidaridad interterritorial. Si la capacidad fiscal fuera la causa del mayor o menor gasto en desarrollo regional se reflejaría en una correlación positiva entre esta variable y la renta per cápita. Y si existiera una intensa solidaridad regional en esta materia se reflejaría en una relación inversa y significativa entre gasto en desarrollo regional y renta per cápita. Los datos del gráfico 3b indican que nada de esto sucede y que lo que importa para poder gastar más en desarrollo regional -y en SPF-es que los sistemas de financiación traten bien a las CC AA”.
La realidad descrita enmarca un asunto muy relevante en estos momentos: con qué recursos cuenta cada comunidad para impulsar la reconstrucción de su economía mediante políticas de desarrollo regional. La respuesta a esa pregunta es que, si no se corrigen las diferencias que se derivan de los sistemas de financiación, las desigualdades van a ser enormes, y, en consecuencia, los riesgos de que la recuperación genere divergencia entre regiones serán graves.
Consideremos en particular el caso murciano. Según la IGAE, en 2018 la Región de Murcia dispuso de 4.939 M€ de ingresos no financieros que, una vez descontados las trasferencias a realizar a otras administraciones (300 M€), pagados los intereses de la deuda (129 M€), cubiertos los gastos en servicios generales y seguridad, y los gastos en SPF, el gasto en desarrollo regional ascendió a 1.867 M€, un 1,7% del PIB, una cantidad a ‘años luz’ de los 4.323 M€ (3,9% del PIB) de Navarra, o de los 4.183 M€ (3,8% del PIB) de La Rioja. En datos por habitante, la Región es la comunidad autónoma que menos dinero tiene para gastar por habitante (376 €), frente a los 871 € de Navarra o los 843 € de La Rioja.
La conclusión que se deriva de este estudio del IVIE es que las comunidades autónomas se enfrentan a las tareas de reconstrucción tras el COVID-19 en unas circunstancias financieras muy dispares. “Si las medidas de solidaridad interterritorial que pretende adoptar el Gobierno de España para promover la reconstrucción no las tienen en cuenta, la divergencia de renta por habitante entre las comunidades será el resultado más probable. Para reducir ese riesgo, el Gobierno debería tener presentes estas circunstancias al diseñar y asignar los fondos extraordinarios para ayudar a paliar los costes generados por el COVID-19, pues la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del virus es mucho más limitada en algunas de ellas”, asegura el instituto IVIE.
“Mientras no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar las actuales asimetrías de ingresos, las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria. La menos dotada (Murcia) debería recibirlos primero, hasta que sus recursos por habitante para desarrollo regional igualaran a los de la segunda menos dotada: a continuación, ambas comunidades serían las destinatarias de los fondos hasta que se igualaran a la tercera menos dotada, y así sucesivamente hasta agotar los fondos. Dependiendo del volumen de recursos a repartir, ese criterio de asignación reduciría en mayor o menor medida el abanico de recursos por habitante de las CC AA para llevar a cabo políticas de recuperación, y la desventaja de las comunidades menos dotadas”, concluye el informe, firmado por los economistas Francisco Pérez y Silvia Mollá.
