La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y el Colegio de Economistas han acordado este lunes establecer una colaboración que permita realizar un estudio sobre el ‘Impacto económico de la disminución de las aportaciones hídricas del trasvase Tajo-Segura en la Región de Murcia’, en un encuentro entre el consejero Antonio Luengo y el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid.
En dicho estudio el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) establecerá varios indicadores sociales y económicos de las orientaciones agrícolas del regadío murciano. “Nos interesa conocer las variaciones que el déficit de agua puede tener sobre la productividad socioeconómica y es ahí donde queremos colaborar con el Colegio de Economistas para abordar el impacto que esta reducción en la llegada de agua tiene en los ingresos, los sectores agrícolas, ganadero y del transporte, así como la afección a la población activa regional y a los ingresos de la Comunidad Autónoma en distintos escenarios a corto y medio plazo”, detalló Luengo.
El consejero destacó que el Gobierno regional quiere contar con este estudio “para hacerle saber tanto al Gobierno central, como a la sociedad en general, las consecuencias que puede acarrear la disminución de aportaciones hídricas del Trasvase que estamos sufriendo en los últimos meses por las injustas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica”.
En este sentido, recordó que “las reglas de explotación fijan las cantidades que cada mes se deben trasvasar del Tajo al Segura, siguiendo los criterios de la Comisión Técnica de Explotación. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica desoyó en los meses de noviembre y diciembre las recomendaciones de los técnicos sobre los volúmenes trasvasables, y negó el envío de agua al Levante para regadío. Asimismo, en enero, el Ministerio anunció su intención de trasvasar 16´5 hectómetros cúbicos, cuando, según los criterios técnicos, nos correspondían 20 hectómetros”.
El consejero destacó los aspectos positivos de esta infraestructura del Trasvase, inaugurada el 31 de marzo de 1979, que genera cada año 110.000 empleos directos, principalmente en el sector agrícola, y alrededor de 30.000 más inducidos en el ámbito industrial y del transporte en las provincias de Alicante, Murcia y una parte de Almería.
Luengo advirtió que el agua del Trasvase no puede ser sustituida por la de las estaciones desalinizadoras porque ésta última multiplica por cuatro la factura energética y por cinco el coste económico. Esto provocaría una pérdida de competitividad y de seguridad económica, perjudicando de forma determinante a un sector con una clara vocación exportadora.
“Sin las transferencias del Trasvase no habría caudal ecológico en el río Segura y se produciría una mayor sobreexplotación de los acuíferos, contribuyendo a una degradación natural de los recursos”, explicó el consejero, quien recordó que “la superficie que riega el Trasvase constituye una zona verde que absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono, así como que la generación de empleo que conlleva detiene las tradicionales corrientes de emigración del sureste peninsular a otras zonas del país”.
Antonio Luengo defendió que “el agua es de todos los españoles, es decir, un bien público y no privativo de ninguna comunidad autónoma en particular”. Por ello, concluyó, “el Gobierno regional defiende la solidaridad hídrica entre las regiones para llevar agua desde donde sobra hasta donde falta, para lo cual venimos exigiendo un Plan Hidrológico Nacional, debidamente consensuado, que ponga fin al déficit hídrico que padecemos”.
