El Consejo de Ministros aprobará esta semana el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y lo remitirá al Consejo de Estado, lo que podría retrasar el inicio de su tramitación parlamentaria al menos hasta febrero de 2022, cuando comience el siguiente periodo de sesiones.
Tras casi un año de tensa negociación entre los socios de gobierno, el texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales verá este martes la luz, con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario.
El anteproyecto permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior, según fuentes conocedoras del texto.
La distinción entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que este lunes volverán a movilizarse frente al Congreso para pedir esa y otras modificaciones.
Según el anteproyecto, la declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC, señalan las fuentes.
El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente. Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.
