La Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) ya han detectado que las empresas de la construcción empiezan a estar en su mayoría entre el 30% y el 40% de su actividad. Especialmente, se mantienen las obras relacionadas con el mantenimiento de infraestructuras del Ministerio de Fomento, la Consejería y la Confederación Hidrográfica del Segura que se han considerado servicios esenciales.
Las empresas de almacenes de materiales se mantienen en una misma línea de actividad con una disminución media del 20% al 30% en función de la zona. No obstante, hay algunas empresas que su actividad ha bajado al 10%.
Estos datos se reflejan en el quinto informe del comité de seguimiento que Frecom ha puesto en marcha para testar cada día las incidencias en el sector y seguir garantizando a los trabajadores su salud y el cumplimiento
de los protocolos de seguridad y salud.
Sin embargo, los empresarios están a la espera de que el Gobierno "nos ayude a recomendar a los empresarios del sector la mejor manera de proceder respecto a su actividad, ya sea por recomendar el cierre, o la continuación de su actividad con unas pautas claras y con unos medios de protección suficientes".
Por ahora, "hasta que el Gobierno de España no nos traslade su decisión -señalan en su informe-, no podemos sino pedir, a quien siga desarrollando la actividad y a sus trabajadores, el cumplimiento de todas y cada una de las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias y en caso de no ser posible cumplirlas, proceder al cese de la actividad".
La situación de incertidumbre está llevando a determinados empresarios a exigir de las autoridades competentes, un orden de paralización de toda la actividad de construcción, ya que la previsión es que va a durar más tiempo, cuanto más se tarde en parar y además los trabajadores tienen miedo al contagio.
La Federación también ha solicitado al Gobierno regional una reunión con el consejero de Empleo, para tratar las dificultades que existen en la interpretación de las causas de fuerza mayor para los ERTE, la toma de medidas para solventar la lentitud de la resolución de las solicitudes presentadas, así como plantear la posibilidad de que soliciten al Gobierno de España la inclusión de la paralización de las obras por los órganos de contratación como causa de fuerza mayor en el Real Decreto Legislativo 8/2020 de acuerdo al artículo 90 del VI Convenio Colectivo General del sector de la construcción.
La falta de pago de las certificaciones también se está convirtiendo en un problema estructural porque afecta a todas las administraciones que con la suspensión de los plazos aprobada por el Real Decreto Ley 8/2020, están reteniendo el pago de las certificaciones, lo que está ocasionando problemas de liquidez importantes a las empresas.