Desde este lunes 1 de julio, las comunidades de vecinos y los establecimientos públicos que dispongan de ascensor en sus viviendas e instalaciones deberán adecuar la instalación a las nuevas medidas de seguridad europeas que han entrado en vigor para equiparar los equipos más antiguos a los avances aplicados ya en los modernos.
Entre las medidas a implantar están la sustitución de las guías de cabina y contrapeso que incorporen dispositivos de tipo cilindro de rail o de madera, el cambio de los sensores en los modelos con puerta automática, por barreras fotoeléctricas para evitar la apertura y cierre de las puertas, y que la parada de cabina esté alineada con el piso para evitar caídas o tropiezos con el pie.
También se deberá incluir un limitador de carga en cabina para evitar que se mueva, de superarse el límite del peso indicado, contar con protección contra el cierre de puertas, al igual que disponer de comunicación bidireccional para emergencias, entre otras acciones previstas.
La adecuación se prevé que sea más profunda en las instalaciones anteriores al año 2000, si bien sería más más leve en aquellas donde se haya seguido un mantenimiento más adecuado.
Las acciones dan mayor protagonismo y responsabilidad a las comunidades de vecinos, ya que, desde ahora, tendrán que avisar a Industria cuando cambien de empresa mantenedora y deberán disponer de toda la documentación sobre el ascensor y medidas de seguridad aplicadas.
Las actuaciones se recogen en una directiva europea, de la que procede el real decreto sobre la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 ‘Ascensores’, publicada el 2 de abril. En este documento se regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los mismos, así como el incremento de la seguridad del parque de elevadores existente, que en España asciende a más de 1 millón, de los que más de 30.000 se encuentran en la Región de Murcia.
Desde la Asociación Empresarial de Ascensores de la Región de Murcia, AEARM, integrante de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM, se recuerda a las comunidades de vecinos y administradores de fincas que las medidas son de obligado cumplimiento, pero desean tranquilizar a la población, recordando que se trata de una adecuación que se irá implantando conforme a las fechas de revisión próximas, ya que los elevadores cumplen las medidas de seguridad vigentes hasta ahora y funcionan correctamente.
“La ITC es una buena ley para el sector y para los usuarios, porque equipara en seguridad los equipos más antiguos con los más modernos, actúa sobre un parque envejecido y precisa las operaciones realizadas durante el mantenimiento de las cabinas. También exige una mayor cualificación de los técnicos, que deben tener desde ahora la habilitación profesional de conservador para trabajar", ha resaltado el presidente de AEARM, Juan Marcos Vivancos Mula.
Vivancos también ha recordado que los trabajadores de las empresas de ascensores dentro de su asociación ya cumplen la cualificación profesional exigida, tras prepararse en los cursos para ascensoristas impartidos en el Centro Integrado de Formación Profesional FREMM ‘Arsenio Sánchez Navarro’ durante el curso actual, donde se procede en estos días a cerrar la convocatoria próxima.
El presidente y miembros de la asociación también vienen realizando reuniones informativas con los administradores de fincas para divulgar las medidas a implantar por todos los municipios de la Región de Murcia.
Controles
Las comunidades de vecinos y centros públicos deben cumplir con un calendario de revisiones de las cabinas e instalaciones, cuya periodicidad depende del uso del edificio, y en el caso de edificio de viviendas, del número de paradas y viviendas. Lo aconsejable es que el titular, o el administrador contacte con la empresa conservadora habilitada sobre la periodicidad y los márgenes reglamentarios para su caso particular.
El presidente de AEARM recuerda que el ascensor sólo podrá ponerse en marcha con un contrato de mantenimiento en vigor y el incumplimiento del real decreto conlleva hasta dejar fuera de uso el servicio comunitario.
