El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recibió hoy en el Palacio de San Esteban a los consejeros de Agua de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, así como al secretario general de Agua de la Junta de Andalucía, con motivo de su participación en Murcia en la Cumbre en Defensa del Trasvase Tajo-Segura. López Miras subrayó que esta reunión supone que las cuatro comunidades “nos sentamos a una misma mesa para defender la más importante de las infraestructuras hídricas de nuestro país”.
“Este acto tiene una parte importante de gesto, de ejemplo, porque muestra a todos que se puede dialogar y trabajar unidos y en positivo”, afirmó López Miras. Para el presidente, esta reunión también deja claro que “quien olvida que la Constitución protege el uso compartido de nuestros recursos no tiene nada que hacer”, ya que “no sólo se aparta de la ley, sino que ignora a una gran mayoría de españoles”.
En contraposición a esa forma de actuar del Gobierno central, López Miras puso en valor que “las regiones somos hoy la mayor garantía de respeto a las leyes, a los ciudadanos y a España, y reuniones como ésta lo reflejan”.
“Es un acto histórico”, añadió López Miras, “porque demostramos que hay intereses comunes y que alcanzarlos es más fácil desde la unidad. Demostramos también que el diálogo siempre es necesario, pero un diálogo con todos, abierto, transparente, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie”.
Para el máximo responsable autonómico, el desarrollo de estas cuatro comunidades autónomas “que representan a 22 millones de españoles” debe ser tenido en cuenta por el Ejecutivo central, dado que hace “aún más grande a nuestro país”, y “contribuye a que quienes viven en él alcancen sus retos y sus objetivos”.
En cuanto a la ausencia de hoja de ruta nacional en materia hídrica, López Miras se mostró convencido de que “España contará pronto con un Pacto Nacional del Agua”, porque “hay regiones que demostramos que podemos entendernos”. Dentro de ese Pacto, el presidente consideró fundamental el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, que “vertebra España, y eso es precisamente lo que algunos tratan de evitar: que pensemos como un solo país”.
“El trasvase es ejemplo de solidaridad y de compromiso, y hace posible la subsistencia de una agricultura que es riqueza colectiva y sustento para centenares de miles de personas”, resaltó López Miras. Esta infraestructura, agregó, “mantiene vivo al campo y es la mejor muestra de cómo un uso racional, compartido y sensato de los recursos naturales puede frenar el avance del desierto y luchar contra el cambio climático”.
Declaraciones de la consejera de Agua, Sara Rubira
Rubira indicó que “la situación en la que nos encontramos es muy desfavorable, en primer lugar porque se prevén impactos muy negativos en nuestras comunidades autónomas como consecuencia del plan del Tajo, y en segundo lugar, por el camino emprendido por el Ministerio para la Transición Ecológica en contra de la posibilidad de una planificación hidrológica nacional, dado que ha permitido que un plan de cuenca invada y se apropie de decisiones que ponen en riesgo la viabilidad del Trasvase”.
“Las cuatro regiones que hoy nos sentamos en la misma mesa, y que representamos a 22 millones de españoles, denunciamos los efectos adversos que sobre nuestros territorios tiene la planificación hidrológica del Tajo, que el Gobierno de España ha empleado como base a la hora de definir las próximas reglas de explotación”, añadió Rubira, “dado que el incremento de caudales ecológicos tendrá como consecuencia la reducción de unos 100 hectómetros de agua trasvasable cada año”.
Esto conllevará la reducción “casi total de los trasvases para el riego de cultivos cuando los caudales ecológicos se eleven al máximo previsto, algo que podría empeorar si se incrementa también el nivel de desembalse”, añadió.
La Cumbre fue el escenario de la firma de una carta en la que se pone de manifiesto que “los mecanismos de transparencia, participación y concertación han sido incumplidos porque no han dado opción a la participación de todos los afectados por la planificación del Tajo, ni se han tenido en cuenta los costes reales ni los impactos sociales sobre el empleo y la seguridad alimentaria nacional que conllevarán los recortes”. La misiva se enviará a la ministra Teresa Ribera.
Sara Rubira recordó que “el Ministerio sigue sin aportar una justificación que demuestre que el buen estado de la masa de agua se corresponde con el incremento de caudales ecológicos ni las solicitudes de agua y demandas no atendidas en la zona afectada, han ignorado los diversos informes técnicos en los que poníamos de manifiesto las deficiencias observadas y rechazaron nuestro ofrecimiento de realizar un trabajo técnico conjunto para el desarrollo de las nuevas reglas de explotación”.
En el seno de este encuentro, la consejera aprovechó para reiterar que “la actualización e impulso de la planificación hidrológica nacional es una necesidad ineludible, e ignorarla solo conducirá a agravar la situación que estamos sufriendo. Y debe hacerse sin prejuicios ni reservas, evitando que presiones políticas y territoriales puedan menoscabar la construcción técnica y jurídica de la planificación hidrológica en España”.
Algo para lo que “el Gobierno de España puede contar con nosotros para esa tarea para lo que reiteramos nuestra plena disposición a colaborar lealmente con el Ministerio está abierta y se mantiene intacta en los términos en los que ha sido ofrecida anteriormente, porque hablamos de un problema de Estado que debe afrontarse con compromiso y coordinación”, concluyó.
