El Gobierno regional ha presentado a la patronal CROEM y a los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT el calendario y la metodología de trabajo de la Ley regional de Dinamización de la Inversión y Eficiencia Pública (la que será su tercera ley de simplificación empresarial ) con el objetivo de tenerla lista para su aprobación por el Consejo de Gobierno en el primer trimestre de 2022.
La iniciativa cuenta en su esquema original con objetivos denominados ‘internos’ y centrados en la eficiencia pública; y otro bloque ‘externo’ enfocado a la dinamización de las inversiones, que confluyen para propiciar el desarrollo económico y social y la generación de empleo de calidad y bienestar.
Dentro de bloque eficiencia pública, la ley se centrará en la mejora de la eficiencia, reduciendo los costes improductivos y favoreciendo la colaboración público-privada. Así, buscará acelerar la Estrategia para la Transformación de la Función Pública Regional, se ampliará la centralización de contratación y compra pública, se primará la digitalización de procesos, facilitará la colaboración público-privada y la compra pública innovadora.
Asimismo, se creará el marco legal necesario para que la Región incremente su capacidad de atracción de inversiones disminuyendo más los trámites y plazos administrativos, promoviendo suelo desarrollado y ordenado, más administración electrónica, incentivos fiscales, el apoyo al ‘softlanding’ de inversiones y acelerando más las licencias para proyectos estratégicos.
Bajo estas premisas y el trabajo previo que se ha desarrollado internamente, se propiciará una consulta participativa abierta sobre estos ejes, se realizarán sesiones con instituciones claves en dinamización de inversiones -con 11 mesas sectoriales, ayuntamientos, grandes empresas, polígonos industriales y entidades financieras- y del sector público -consejerías, personal de la Comunidad, proveedores, entidades locales y otras comunidades-.
Además, se contará con el asesoramiento de la unidad de facilitación de negocios de Naciones Unidas, tal y como acordó la consejera de Empresa en la reunión que mantuvo en Ginebra con el coordinador mundial del programa de Facilitación de Negocios de la Conferencia de la ONU, Frank Grozel.
En la reunión del consejero de Hacienda, Luis Marín, y la consejera de Empresa, Valle Miguélez, con patronal y sindicatos también se estableció un calendario de trabajo que busca que a principios de 2022 esté en revisión jurídica la ley, para ponerla a consulta pública y llevarla a Consejo de Gobierno en el primer trimestre del próximo año.
