El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la aceptación de una ampliación de plazo de 45 días para presentar alegaciones a la cartografía de Zona de Flujos Preferentes publicada por la Confederación Hidrográfica del Segura, y que habían demandado ayuntamientos como el de Cartagena, Lorca y Murcia entre otros municipios.
Esta ampliación ofrece la posibilidad de realizar modificaciones puntuales a las limitaciones y prohibiciones que este documento impone para suelo rural y urbanizado, ya que, en general, no se permitirán las instalaciones de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales, en las que puedan darse grandes concentraciones de población.
Esta situación, no obstante, ha provocado otro 'encontronzo' entre la CHS y el Gobierno regional que solicita de nuevo a la Confederación la información técnica para valorar de manera objetiva los mapas de zonas inundables y “ajustarlos a la realidad social para evitar las muy importantes consecuencias sociales y económicas para la Región que se derivan de ellos y que ya están dañando a la economía”.
“Solo expone una representación gráfica de los mapas, pero no ofrece información imprescindible como el cálculo, la metodología y las hipótesis utilizados en su elaboración que permitan realizar aportaciones técnicas sobre su calidad, precisión y fiabilidad”, señalaron los directores generales de Territorio y Arquitectura, y de Agua, Jaime Pérez Zulueta y José Sandoval, respectivamente.
Los directores generales ha remitido otro escrito al presidente de la CHS, Mario Urrea, en el que reiteraron la documentación solicitada en julio sobre los mapas y que se centra en aspectos básicos hidrológicos e hidráulicos, “imprescindibles para poder hacer alegaciones técnicas”.
Pérez Zulueta y Sandoval indicaron que “de nada sirve que se amplíe el plazo del proceso de consulta un mes y medio más, si siguen sin darnos la información técnica que permita hacer sugerencias y aportaciones para su corrección y mejorar la fiabilidad de los mapas”.
Subrayan que de no poder hacer esas aportaciones, el proceso de consulta pública “será un simple formalismo y demostrará que se prefiere actuar de manera unilateral en un asunto tan delicado, aunque esto provoque severos deterioros en la actividad económica de la Región”.
