La renegociación de alquileres entre los propietarios de los centros comerciales y los operadores por la crisis del coronavirus abrió hace unas semanas un conflicto entre las partes, en el que Gobierno ha intervenido obligando a los primeros a aceptar moratorias de pago de hasta cuatro mensualidades.
"Me consta que mis inquilinos en Puerto Venecia se han enfadado porque he mandado facturas y he pasado recibos a cobro, pero es la instrucción que tengo desde Alemania", se excusaba hace unos días en un encuentro digital Letizia Ponz, la directora en España del fondo alemán Union Investment Real Estate, uno de los grandes fondos inmobiliarios de Europa.
Abierto en Zaragoza en 2012, Puerto Venecia es el centro comercial y de ocio más grande de España, con más de 200.000 metros cuadrados edificados y unas 200 tiendas.
Como él, cerca de 600 centros y parques comerciales permanecen prácticamente cerrados desde que el Gobierno decretó el estado de alarma hace más de un mes, con el consiguiente desplome de ingresos para los operadores.
Buena parte de estos centros comerciales está en manos de fondos de inversión internacionales. Es el caso de Puerto Venecia, que en 2019 fue vendido por la socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) británica Intu a la aseguradora Generali y el fondo Union Investment por 475 M€.
Desde Union Investment, cuya inversión en inmobiliario asciende a 34.000 M€ (la mitad en Alemania y el resto repartido en 23 países), Letizia Ponz explicaba hace unos días que cuando un inquilino le llama y le pide que le libere tres meses de renta le contesta que "no puede", porque su obligación es "velar por el dinero de los pequeños ahorradores" que son sus proveedores de liquidez.
"Si condono mi cartera de 10 billones de 'retail', no ingreso nada y eso no puede ser. Sé que hay otras propuestas y otros que lo han hecho, pero son distintas estrategias y yo es la instrucción que tengo desde Alemania y lo que he hecho", argumentaba.
PETICIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DE ALQUILERES. Posiciones como ésta llevaron a la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a pedir ayudas al Gobierno para el pago de los alquileres dentro del paquete de reclamaciones que trasladaron al Ministerio de Industria.
Entretanto otros caseros sí accedieron a las peticiones de sus inquilinos, como el grupo británico Value Retail, que suspendió el cobro de los alquileres de abril, mayo y junio en los dos outlet (establecimientos comerciales especializados) de lujo que tiene en España: Las Rozas Village (Madrid) y La Roca Village (Barcelona), ambos cerrados.
Por su parte, la socimi española que más centros comerciales posee, Lar España, decidía negociar "caso por caso" una solución con sus operadores y en muchos casos posponer el cobro de los alquileres de marzo. "Posponer, ni condonar, ni bonificar", recalcaba el consejero delegado del Grupo Lar, Miguel Pereda,
En sus complejos -Lagoh (Sevilla), Marina Alta (Alicante), Vidanova Parc (Sagunto, Valencia), Ànecblau (Barcelona), Gran Vía de Vigo y Getafe 3 (Madrid), entre otros- sigue abierta una cuarta parte de la superficie comercial (alimentación y productos esenciales), según sus datos.
A su favor, Lar tiene que una parte significativa de sus inquilinos son grandes compañías y pequeñas y medianas empresas (pymes) de reconocida solvencia, con capacidad para desarrollar planes de negocio y adaptarlos a nuevas situaciones.
Desde otras socimis prefirieron esperar a que hubiera novedades regulatorias: "no podemos negociar si no tenemos encima de la mesa todos los datos", justificaba el presidente y consejero delegado de Vitrubio, Joaquín López-Chicheri.
También Silicius, con tres centros comerciales bajo gestión (La Fira en Reus, Thader en Murcia y Bahía Plaza en Cádiz) y un 20% de superficie comercial abierta en estos momentos al público, demandó al Gobierno "claridad normativa", mientras aseguraba que la variedad de peticiones que les llega de sus inquilinos es enorme.
OBLIGACIÓN DE ACEPTAR MORATORIAS PARA LOS GRANDES TENEDORES. Finalmente, este martes, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que obliga a estos "grandes tenedores" (titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados) a aceptar moratorias de pago de hasta cuatro mensualidades -a devolver de forma prorrateada en dos años-, si su arrendatario es una pyme o un autónomo que ha visto reducido su negocio al menos un 75%.
El Ministerio de Industria calcula que estarían afectados más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo.
Fuentes de este departamento recuerdan que grandes marcas, sobre todo del sector de la hostelería (Burguer King, Mc Donalds, Pizza Hut, Taco Bell, Rodilla) son franquicias, lo que supone detrás de cada uno de sus locales hay una pyme.
Desde Lar España han asegurado que la regulación les parece "positiva", porque establece un marco de actuación, fomenta que las partes hablen y a ellos les garantiza el cobro de las rentas, aunque sea en dos años.
